Hosteleros vascos impulsan una demanda de 50 millones por el cierre forzoso de sus negocios

«Antes del 15 de marzo del año pasado -fecha de inicio del confinamiento-, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevaba semanas avisando de la importancia de la pandemia y se habían registrado los primeros contagios en España, así que no fue una circunstancia imprevisible y pudo evitarse. Por lo tanto, decae el nexo causal de fuerza mayor y también la posibilidad de que los hosteleros tuviesen que soportar el daño de esa medida», defiende Sergio Carpio, abogado de Despachos BK.

Ahora se están apurando los plazos -que concluyen el 14 de marzo, un año después de los primeros cierres- para incorporar al mayor número de personas afectadas a esta reclamación patrimonial, que se ha visto reforzada por la resolución del TSJPV al concluir que los establecimientos hosteleros no son focos de contagios. «Ni hubo justificación ni proporcionalidad en las medidas que se adoptaron y, además, se han generado unos daños que se deberán cuantificar a través de informes periciales económicos», comenta Carpio.

Cuando la recién constituida Asociación de Hosteleros de Vitoria y Álava planteó esta posibilidad a los abogados de BK, se hizo un cálculo aproximado de que los cierres forzosos habían generado unos perjuicios de «25.000 euros por negocio», que si se multiplican por el número actual de demandantes, ascendería hasta los 50 millones. A los establecimientos vascos se han sumado otros de comunidades como Asturias, Castilla y León o La Rioja.

Esa cantidad incluso podría ascender si se vuelven a clausurar bares y restaurantes, pero también si aumenta el número de personas que se enrolan a esta demanda. De hecho, el martes se hará una conferencia 'online' abierta a todo el público para explicar en qué consiste exactamente esta reclamación contra la Administración central.