La hora de abandonar el nido

Datos poco alentadores, que tienen consecuencias directas sobre la economía, las pensiones y los índices de natalidad. Y que, lejos de corregirse, van a peor cada año. Si estas cifras son duras, aún lo son más las que hacen referencia a los adultos que ya han cumplido los 30: uno de cada cuatro sigue con sus progenitores. Pero, ¿qué está ocurriendo en España para que los jóvenes sigan apalancados al sofá de casa? «No es una cuestión de voluntad, sino de necesidad», sentencia Elisa Chuliá, profesora titular de Sociología de la UNED.

Entre los expertos, hay consenso sobre los motivos que los retienen con sus padres. Se apoyan en los sucesivos informes del Observatorio de Emancipación Juvenil, dependiente del Consejo de la Juventud de España. En ellos, se advierte reiteradamente de dos realidades en las que este país está a la cabeza del continente: los altos porcentajes de desempleo y las cifras de precaridad laboral (salarios irrisorios, temporalidad y prevalencia de los trabajos a tiempo parcial).

La crisis dejó sin ocupación a más de la mitad de los jóvenes entre 16 y 24 años (ahora la tasa de paro juvenil se sitúa en el 33,5%) y eso empujó a muchos a formarse. Pero esa cualificación no se ha visto correspondida con mejores remuneraciones; ni siquiera con una oportunidad laboral. «Hay que examinar el modelo educativo actual, porque si nuestros jóvenes están más preparados que nunca, incluso, sobrecualificados, y no encuentran trabajo, entonces algo falla», advierte Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada del Instituto de Empresa y de la Universidad San Pablo CEU.

El también vocal del Colegio de Economistas de Madrid asegura que hay un «desajuste» evidente entre lo que demandan las empresas y la preparación de los jóvenes. «Hay que apostar por la FP y revisar las condiciones laborales para frenar la alta temporalidad, que roza el 27%, la más alta de toda la UE. Eso es una barbaridad. Habría que incentivar a las empresas para que hicieran contratos fijos, por ejemplo, reduciendo los costes del despido. Solo así, si hay empleo de calidad, aumentará la productividad, mejorarán los salarios y, a su vez, el nivel de vida de los ciudadanos. ¿Cómo se van a atrever los jóvenes a independizarse si viven con la incertidumbre permanente de si serán despedidos? La temporalidad propia de algunos sectores no puede ser generalizada», concluye.

Y a todo eso, hay que sumar otro drama: las dificultades de acceso a la vivienda. Según la reciente Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE, si antes de la crisis (año 2007) casi el 60% de los jóvenes entre 16 y 29 años que habían formado un hogar vivía en un piso en propiedad, en 2018, este porcentaje se desplomó hasta el 29,6%. Es decir, la mitad que hace más de una década. Y esta realidad solo ha dejado una salida a los más jóvenes: el alquiler, a menudo compartido.

En la actualidad, un joven cobra de media unos 11.300 euros netos anuales (poco más de 900 al mes). Y esto, sumado al encarecimiento de los alquileres en el mercado libre (8,30 euros mensuales por metro cuadrado), lastra las opciones de abandonar el hogar familiar. Las cuentas, según el Observatorio de Emancipación Juvenil, no salen, ya que un joven tendría que dedicar casi la totalidad de su salario (el 91,2%) al pago de un alquiler, obviando el resto de gastos asociados a la vivienda.

Este horizonte económico va asociado también a un factor sociocultural, «ya que los jóvenes han acabado asumiendo esta realidad y, en lugar de tener una actitud proactiva, se acomodan en casa. Los hemos visto protestar masivamente por el cambio climático, pero pocos han salido a la calle a reclamar mejores condiciones laborales ni a quejarse por estar sufriendo una emancipación tardía», lamenta Chuliá.

Asegura que las condiciones en casa, «mejores que hace 30 años», tampoco ayudan a que el joven tenga ganas de independizarse. «Ya no hay esa rigidez de antaño: ahora entran y salen cuando quieren; pueden llevar a los amigos y a la pareja a casa; y, si ganan algo de dinero, se lo quedan ellos. Antes, entregábamos el sueldo en casa y no teníamos la libertad de ahora», resume. La emancipación, por tanto, se sustituye por la comodidad material y la seguridad que brinda la familia.

Muchos hijos ponen así a prueba la paciencia y el bolsillo de sus progenitores. «Es habitual que se quejen de que no los echan de casa ni con agua hiriviendo», bromea Chuliá. Y el problema se agrava cuando el hijo convive con uno de los padres y recibe del otro una pensión de alimentos. Ésta no se extingue automáticamente cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, al igual que no es una obligación para siempre. Según el artículo 142 del Código Civil, este régimen comprende no solo la comida, sino «la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable».

Esta obligación se prolonga hasta que el hijo alcanza la independencia económica o se incorpora al mercado laboral. «Va a depender de cada caso, pero se está prorrogando la pensión hasta los 25 años aproximadamente», aclara Paloma Zabalgo, abogada de familia. La ley no establece una edad, pero sí criterios para retirarle la pensión: que no muestre interés por buscar su sustento o no rendir en los estudios. «No solo los padres tienen obligaciones; también las tienen los hijos, y así lo recoge expresamente el Código Civil», subraya Zabalgo.

Antes de la crisis, las pensiones de alimentos solían alargarse, incluso, hasta los 27 años, pero, con las dificultades económicas generalizadas entre la población, los jueces están cortando el grifo y son menos tolerantes con los 'ninis'. «Si antes, el joven alegaba que tenía dificultades para incorporarse al mercado laboral, ahora le dice el juez: 'Las mismas que tiene todo el mundo, incluido tu padre'», ejemplifica el también abogado de familia Javier María Pérez-Roldán. Hay otro supuesto por el que los jueces están fallando a favor de los padres: la ingratitud. Y lo hacen después de que este supuesto haya sido tomado en cuenta para la desheredación. «Es muy frecuente que los hijos, sobre todo después de alcanzar la mayoría de edad, empiecen a tener pereza por ir a visitar a sus padres», dice Pérez-Roldán. «Pero el Código Civil es muy claro en ese aspecto: a los padres hay que obedecerles hasta los 18 años, pero hay que respetarlos siempre», sostiene el letrado.