«Si no haces tu cama antes de irte al cole, no te doy tu 'piti'»

En concreto, Nofumadores.org denuncia por un lado a los responsables del recurso residencial Irisasi de Usurbil, a quienes acusa de «comprar tabaco a los menores residentes en el centro». Y por otro lado, señalan a los gestores del recurso de acogimiento residencial Azpilikueta, en Irun, donde, aunque aclaran que quienes compran los cigarros son «los menores», es el propio recurso el que «lo guarda y administra», de manera que lo «suministra» a los chavales «antes y después de alguna actividad».

Aunque estos dos centros dependen de la Diputación de Gipuzkoa, son gestionados por un tercero: Irisasi, por la empresa Babesten Grupo Urgatzi; y Azpilikueta por el Instituto de Reintegración Social de Euskadi (IRSE). En su denuncia, la agrupación distingue que en el primero de estos recursos «los responsables del centro acuden al estanco para comprarles paquetes de tabaco» a los menores, utilizando para ello «el dinero público, procedente de la paga asignada a cada menor», quienes incluso fumarían en el interior del recinto usurbildarra, «concretamente en la zona de bicicletas del patio» y «con el conocimiento y permiso de la dirección del centro», según recoge la denuncia presentada en Fiscalía el 24 de diciembre, a la que ha tenido acceso este periódico. En el servicio residencial de Irun, según denuncian, los residentes no fuman dentro del recinto, pero sí «justo después de pasar la puerta» de entrada, donde habría «un cenicero». Tampoco comprarían las cajetillas los responsables, sino los propios jóvenes, aunque estos deben entregarlas al centro, que las «guarda» y las va «administrando» a sus dueños.

De acuerdo a las demandas tramitadas, ambos centros compartirían el 'modus operandi'. La dirección del centro guardaría los paquetes «en un despacho» o en «una caja», y luego reparte el tabaco «después de las comidas (desayuno, comida, merienda y cena). Además, esta forma de proceder constituiría «una herramienta educativa», ya sea «como recompensa o como castigo» si hacen o no alguna determinada tarea o rutina diaria. En el cuerpo de la denuncia se pone un ejemplo: «Si no haces tu cama antes de irte al cole, no te doy tu 'piti'». Nofumadores.org explica, además, que las empresas gestoras alegan «que la Diputación de Gipuzkoa es conocedora de estos hechos». Preguntada por ello, la institución foral respondió ayer a este periódico que están «analizando lo ocurrido y en contacto directo con la Fiscalía para evaluar la situación».

Por su parte, la asociación reclama el cese «en el incumplimiento de la normativa en ambos centros y se ofrezca a los menores como alternativa un programa de cesación tabáquica supervisado por personal sanitario y apoyo psicoconductual, velando así por la adecuada protección y bienestar» de estos menores tutelados por la administración pública. Su presidenta, Raquel Fernández Megina, considera incluso que los responsables de este comportamiento «deben de ser expedientados y, si procede, cesados en sus funciones y la empresa sancionada con la mayor dureza posible por la ley. Al tratarse de una infracción grave, podría corresponder una multa de entre 600 y 10.000 euros».

En opinión de Raquel Fernández, los gestores de estos recursos «se están saltando a la torera» la normativa vigente. «Además no están velando por el bien de los menores», a los que, «se les tendría que proporcionar el consejo de dejar de fumar y ayudarles a dejar de fumar, y en lugar de esto se les está fomentando y permitiendo la adición».

La presidenta afirma que en la reunión que mantuvieron el pasado día 10 en la Fiscalía de Gipuzkoa, se deslizó que en algunos centros está «normalizado» el recurso del tabaco para evitar que los menores consuman drogas más fuertes, ya que a menudo llegan a los recursos con problemas de adicción a otras sustancias. «Si fuera así –añade Raquel Fernández–, no se les quitaría el tabaco en el momento en que el chaval pueda estar más nervioso o tiene una crisis. Lo que se les hace es un chantaje: 'si no haces la cama o no te duchas, no te doy el piti'. Lo que esto hace es simplificar la labor del educador. Y no hay que olvidar que la Diputación tiene la guardia y custodia de los menores, y ninguna familia estructurada permitiría a su hijo menor de edad fumar en casa, en la terraza o en el jardín».