El Gobierno vasco renuncia a recibir una indemnización en el 'caso Margüello'

El Ministerio Público pide para tres de ellos 11 años de cárcel y seis años y medio para Cerdán. También reclama a tres de ellos que indemnicen al Gobierno vasco con 6,8 millones de euros, que es la cantidad de dinero que recibieron las empresas de Margüello en estos contratos. En el caso de Cerdán le pide 1,9 millones que deberían ser abonados con el resto de acusados. Estas compañías, según dijo el representante de la Fiscalía, José Manuel Ortiz, «no aportaban nada», ya que sólo actuaban como meros «intermediarios» con clínicas privadas. Este servicio, según dijo, «no era necesario» ya que en otros casos la concertación para derivar pacientes de las listas de espera se hacía directamente con los centros sanitarios. Su «único propósito» -concluyó- era lograr «el desvío de fondos públicos» que debían haber ido destinados a la atención de pacientes; conseguir que las adjudicaciones «beneficiaran a estas empresas y no a otras». Y para ello, según el fiscal, Margüello y Fernández contaron con la colaboración del que fuera viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, y del exdirector de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, dos altos cargos en el departamento que dirigía Gabriel Inclán que se han sentado en el banquillo por las resoluciones supuestamente ilegales que firmaron para beneficiar a la firma Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Traducidas estás palabras a términos jurídicos, están acusados de fraude, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas para los funcionarios.

Las defensas de los acusados, representadas por los letrados Javier Beramendi y Joanes Labayen, tampoco variaron sus posiciones. Siguen reclamando la libre absolución de sus clientes ya que entienden que no ha quedado acreditada ninguna de las acusaciones. Es más, deslizan que detrás de este caso, que fue denunciado en 2009 por el Gobierno vasco que dirigía el PSE poco después de producirse el relevo en Ajuria Enea, se encuentra una «lucha política antigua» que se ha servido «en plato frío». Beramendi se remontó a unas OPE de Sanidad que se convocaron en los años 80 -«última vez que determinada formación política tuvo el control del Departamento de Sanidad», en alusión al PSE- y pidió al tribunal que ponga fin al «calvario» que han sufrido sus clientes y a la «irracionalidad» que, a su juicio, ha supuesto todo este proceso, que calificó de «procedimiento inquisitorial».

La única parte que modificó su postura fue el Gobierno vasco. El Ejecutivo ya había renunciado a pedir penas de cárcel para los procesados y había adelantado que únicamente se limitaría a pedir una indemnización por los perjuicios económicos sufridos en el caso de que la sentencia resultase condenatoria. Sin embargo, el letrado de la Administración, Javier Otaola, anunció ayer que el Ejecutivo autonómico renuncia también a ejercer la acción civil ya que entiende que en la vista oral no se ha acreditado un «perjuicio» para las arcas públicas «cierto y efectivo». «Al margen de que pueda haber irregularidades y otro tipo de reproches, desde el punto de vista estrictamente económico, no se puede hablar de un daño», afirmó el letrado del Gobierno vasco.

De esta manera, el 'caso Marguello', quedó ayer visto para sentencia casi diez años después de que se produjese la primera denuncia que dio pie a un procedimiento penal que en su momento enfrentó abiertamente a dos partidos -PNV y PSE- que hoy comparten responsabilidades de gobierno en Ajuria Enea.