El Gobierno vasco refuerza el apoyo a las personas sin hogar con adicciones

Los sin techo no son necesariamente las únicas personas que pueden tomar parte en este proyecto, impulsado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Está dirigido a gente que está en una situación de «alta vulnerabilidad social», en la mayoría de los casos en exclusión residencial grave, y que tienen adicciones, patologías mentales y necesidades sociosanitaras, pero están «alejadas de los recursos tradicionales» y no pueden «recibir una atención especializada».

Del trabajo se encargan cuatro entidades sociales, Fundación Gizakia, Fundación Jeiki, Fundación Etorkintza y la Asociación Guipuzcoana de Investigación y Prevención del Abuso de las Drogas (Agipad), que el pasado año atendieron a 303 personas, un 12,2% más que en el ejercicio anterior, pero no tanto como haría falta.

La crisis migratoria provoca que crezca constantemente el número de personas en un estado precario. El perfil, mayoritario, de hecho, es el de los jóvenes migrantes en situación irregular que viven en la calle y son objeto de múltiples problemas. «El incremento presupuestario responde a una mayor detección de necesidad», precisan desde la consejería que dirige Nerea Melgosa. Confían en que, con el aumento de la dotación, puedan «atender a más gente», aunque no plantean un número concreto.

Los equipos de Erdu, formados por profesionales de la psicología clínica, medicina, enfermería, psiquiatría, trabajo social y educación social, se desplazan a diferentes municipios para atender a personas en estas situaciones de vulnerabilidad. Están presentes, de momento, en 49 localidades, en las que, además de un tratamiento para sus problemas –ayuda con la desintoxicación, sesiones con la psicóloga...–, les ponen en contacto con recursos de distintos sistemas, como servicios sociales de base, centros de salud mental, albergues, Lanbide...

«De esta manera, se contribuye a reducir la conflictividad, a mejorar los flujos de las personas entre sistemas y recursos, así como el acceso de las personas más vulnerables al ejercicio de sus derechos», defienden desde el Gobierno vasco, que impulsó este programa en 2020, en pleno confinamiento, para llegar a las personas que estaban alejadas de la red de apoyo sociosanitaria.