El Gobierno vasco reclama ajustes fiscales para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda

El lehendakari reunió en Vitoria por primera vez al Pacto Social por la Vivienda (PSV), un foro creado hace dos años del que forman parte 88 entidades públicas y privadas que tienen algo que decir en este asunto. A todas ellas les pidió «solidaridad» para afrontar una situación «que no tiene fácil solución». Una «tormenta perfecta» definió el consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso. «Necesitamos un mayor número de casas por la progresiva disminución de miembros de las familias», y encima la compra o el alquiler «cada vez exigen un mayor porcentaje del salario mensual».

El PSV tiene fijada desde su constitución una hoja de ruta a quince años que contempla, por ejemplo, aumentar un 50% el número de viviendas protegidas (de 74.000 a 116.000) y duplicar las que se destinan al alquiler público (de 26.000 a 50.000). Grandes magnitudes a las que el Ejecutivo sumó ayer pasos más precisos que considera que habría que empezar a dar a corto plazo. Uno de ellos es ajustar la fiscalidad para que los jóvenes lo tengan más fácil. ¿Qué significa eso? Está por ver, pero la petición llega en el momento adecuado: las haciendas forales están inmersas en una revisión del marco tributario que PNV y PSE, socios en las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, calculan que podrían concretar antes de que acabe el año.

Pistas de por dónde irán los tiros sí que existen. El anterior Gobierno vasco ya deslizó su interés porque se equipare la fiscalidad de alquiler y compra, una nueva deducción en el IRPF para las obras de rehabilitación y otra para los arrendadores que rebajen un 5% el precio del alquiler. Pradales habló ayer de «incentivar» el acceso de los jóvenes «intensificando» ayudas como las del programa Emantzipa por la que los menores de 30 perciben 300 euros mensuales durante dos años.

Las instituciones también se buscan soluciones para ese grupo que tiene demasiados ingresos como para solicitar ayudas públicas pero insuficientes para comprar o alquilar en el mercado libre. «Sus salarios alcanzan en la actualidad entre el 50% y el 75% del que cobraban sus padres mientras la vivienda se encarece», recalcó Itxaso antes de comprometerse a «estimular» la cesión de pisos para el sistema protegido. Lakua quiere añadir a estos ajustes la creación de una línea de avales para completar la financiación de préstamos en caso de compra o de las fianzas en los alquileres.

El lehendakari puso el foco en las Diputaciones, pero también en los ayuntamientos. A las administraciones locales les pidió colaboración tangible, por ejemplo que amplíen las reservas de suelo para la construcción de promociones de VPO y la ejecución de 3.000 hogares de uso «rotatorio» para facilitar la emancipación. Les exigió además que se simplifiquen los trámites para segregar «pisos antiguos con mucha superficie», para aflorar los «pisos dormidos», para el cambio de usos de bajos y lonjas en desuso en zonas urbanas que puedan reconvertidos, y para blindar jurídicamente las limitaciones a la proliferación de viviendas turísticas.

Sobre los planes propios, el Ejecutivo autonómico reiteró su apuesta por sacar al mercado 7.000 nuevas viviendas «en régimen de alquiler social y asequible» durante el mandato que concluye en 2028. También que la reserva de pisos para menores de 36 años en las promociones pase del 40% al 50%. Se trata de dos de las medidas estrella que incluye el acuerdo firmado por nacionalistas y socialistas para cogobernar. Lo que no se sabe aún es cuántas de esas casas serán de nueva construcción y cuántas se pretenden comprar, tal y como anunció Itxaso hace unos días, a promotores privados, ya sea de forma directa o cuando las constructoras encuentren problemas para venderlas.