El Gobierno vasco multa a 15 residencias de ancianos por cobrar cláusulas abusivas

La apertura de estos expedientes es el resultado de una de las múltiples campañas de inspección que Kontsumobide realiza anualmente y de las que el consejero de Consumo, Alfredo Retortillo, dio algunos detalles ayer. Según ha podido conocer este periódico, de los quince centros sancionados, ocho están en Bizkaia, cuatro en Gipuzkoa y tres en Álava. En todos los casos se han detectado condiciones en los contratos que «limitaban los derechos de los residentes o cláusulas que recortaban la responsabilidad de la residencia».

Entre otros motivos, los geriátricos revisaban anualmente los precios en relación a un índice no vinculado con la variación del IPC e incluso aplicaban tarifas diferentes según la evaluación clínica de cada usuario. Este último caso es aún más flagrante, ya que la legislación impide expresamente aplicar más costes en función del grado de dependencia de los ancianos. Asimismo, también se han penalizado redondeos al alza en el número de días de residencia y la imposición de servicios complementarios que no habían sido solicitados.

Durante este año, en el que ha recibido cerca de 46.000 consultas, Kontsumobide también ha vigilado con especial atención las condiciones de los documentos para contratar créditos financieros a distancia, ya sea 'online' o vía telefónica. El organismo público considera que las trece entidades inspeccionadas ofrecen servicios con cláusulas abusivas. Esas malas prácticas se basan, por ejemplo, en el establecimiento de intereses de demora dos puntos por encima del pactado y en obviar algunas informaciones básicas como la justificación del cobro de costes y gastos cuando se producen impagos. En algunos casos, no se señalaba ni siquiera el TAE, el indicador que suma el tipo de interés nominal, las comisiones y el plazo de la operación.

Por otro lado, Kontsumobide se ha dedicado en este último ejercicio a verificar los precios y la existencia de hojas de reclamaciones en los establecimientos de hostelería. En total, se ha detectado algún incumplimiento en uno de cada cuatro bares y restaurantes analizados. En la mayoría de ellos, no estaba a la vista el cartel que informa a los clientes sobre la existencia de un protocolo para formular quejas. En otros, además, el precio que aparece en la carta o en el menú no tiene el IVA incluido, por lo que puede dar lugar a engaño.

Entre el resto de campañas de inspección impulsadas este año por el Instituto Vasco de Consumo, destaca la inmovilización de «un gran número» de disfraces destinados a menores de 14 años por incumplir las condiciones mínimas de seguridad. «Su comercialización podría haber supuesto un riesgo para los menores», advirtió Retortillo.