El Gobierno vasco mejorará la financiación de los colegios concertados en el proyecto de ley para subir el sueldo a los funcionarios

De esta manera, el Ejecutivo vasco hará suya la principal exigencia que el PP había puesto sobre la mesa para apoyar ese proyecto de ley, que será enviado al Parlamento vasco a finales de mes. «Es una previsión que se va a incorporar al proyecto de ley», ha asegurado Erkoreka en la víspera del inicio de los 8 días de huelga convocados por los profesores de parte de la red concertada para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

No obstante, ha afirmado que existe un «compromiso general» con el régimen de concertación y, entre las medidas previstas por el Ejecutivo en el proyecto de Ley que prepara para «paliar» la ausencia de Presupuestos, además de las relativas a la subida de salarios para los empleados y a las prestaciones vinculadas a la RGI, se estudia incorporar una «actualización y mejora» de los conciertos educativos.

Erkoreka no ha querido hablar de cantidades exactas, por lo que aún se desconoce si esa subida de la financiación de los centros concertados –y por tanto de los sueldos de sus docentes– será superior al 2,25% previsto para los funcionarios. El presidente del PP vasco explicó ayer que para que su partido apoye el proyecto de ley, éste debía incluir un incremento mayor para los profesores de los centros concertados que para el resto.

Si finalmente este acuerdo se plasma y la ley sale adelante en el Parlamento vasco, se abre una vía para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y que estos pongan fin a las movilizaciones puestas en marcha desde hace meses. Precisamente, la consejera de Trabajo ha asegurado que su departamento fijará esta tarde unos servicios mínimos «los más justos y adecuados» de cara a los ocho días de huelga que arrancan mañana. «Buscaremos el equilibro entre el derecho a la huelga y la integridad», ha subrayado.

Erkoreka ha añadido, además, que la huelga afecta a las condiciones de trabajo de los empleados de la enseñanza concertada y la «responsabilidad prioritaria» para la resolución del conflicto corresponde a los «actores implicados, patronal y la representación de los trabajadores». «La presencia del Gobierno sería una intromisión y no tendría justificación», se ha justificado.