El Gobierno vasco levantará solo vivienda protegida en régimen de alquiler a partir de junio de 2020

La Consejería encabezada por el socialista Iñaki Arriola tiene capacidad para construir vivienda de forma directa y, de hecho, en los últimos tiempos recurre a esta potestad para impulsar los alojamientos dotacionales para jóvenes ('minipisos' en renta por un máximo de cinco años con servicios comunes) y en determinadas promociones sociales de interés. «Todas estas promociones ya se destinan solo al alquiler desde principios de esta legislatura», matizaron responsables del Departamento. En cualquier caso, es Visesa su principal instrumento de edificación y fue la semana pasada cuando el Consejo de Administración de la sociedad autonómica corroboró esta decisión. El acuerdo incluye tanto a las promociones destinadas a integrarse en el parque de alquiler protegido Alokabide, que ya gestiona 13.000 inmuebles -entre ellos los más de 4.500 privados que han incorporado sus casa vacías al programa de arrendamiento público Bizigune-, como las «operaciones de este tipo concertadas con los ayuntamientos». No pasará lo mismo con el cupo de las construcciones protegidas que por ley tiene que cumplir iniciativa privada, cuyo destino final es potestad de un promotor que, por ahora, se sigue inclinando por la transmisión en propiedad.

Las mismas fuentes matizaron que, en cualquier caso, todavía se verán algunas nuevas promociones protegidas en venta. Pero matizaron que eso es porque «Visesa tiene compromisos adquiridos previamente en suelos con expectativas para vivienda tasada como pasa, por ejemplo, en la isla de Zorrozaurre en Bilbao y siempre sin olvidar que, desde que se inicia un proyecto hasta que se ocupan los pisos pasan una media de cuatro años».

Visesa comenzó su actividad en 1992 y desde entonces ha levantado 15.283 viviendas de protección oficial. Tres de cada cuatro, sin embargo, han sido vendidas desde entonces. Sobre todo, hasta 2004, año en el que la sociedad pública entregó sus primeros 228 inmuebles construidos exclusivamente para el arrendamiento.

Esta tendencia, según remarcaron desde la viceconsejería, «dio un vuelco con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2015, que ya apuntaba a multiplicar las acciones para impulsar el alquiler protegido de modo que, en un plazo máximo de un lustro al menos el Ejecutivo predicase con el ejemplo y abandonase por completo la construcción con destino a la venta. De hecho, este año el porcentaje se sitúa ya en el 80% del total «y desde 2016 el 55,6% de las viviendas calificadas por Visesa han sido en régimen de alquiler protegido».