El Gobierno vasco eleva hasta 750 euros al mes el precio que se podrá cobrar por el alquiler protegido de una vivienda

Este programa ASAP guarda bastantes diferencias con Bizigune ya que está destinado a parte del colectivo de personas susceptibles de acceder a una vivienda protección oficial (VPO) pero cuyos ingresos superan los de las familias más necesitadas. Y la mayor singularidad es el precio. En Bizigune paga una media de 239 euros al mes y en ASAP 497. En este caso, la horquilla varía desde los 400 de renta que cobra el dueño en los pisos ubicados en los municipios más pequeños a los 650 de las capitales vascas. Las nuevas tarifas sin embargo, se elevan hasta los 600 euros en los pueblos a 650 en localidades de más de 10.000 habitantes o que formen parte de un entorno metropolitano, o 750 si se encuentran en Bilbao, San Sebastián o Vitoria. También se eleva el nivel de ingresos que deben acreditar los arrendatarios hasta los 39.000 euros, que es el máximo que se permite para solicitar una vivienda protegida (En Bizigune el límite está en los 22.000). Y como hasta ahora para optar un alquiler público de ASAP es obligatorio estar inscrito en el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide, y la renta definitiva nunca podrá superar el 30% de los ingresos familiares.

Otra de las grandes criterios que guardar este programa respecto al Bizigune tiene que ver con el modo de cobro por parte de los dueños. En Bizigune, aunque el pago que hace el arrendatario es pequeño, el propietario del piso tiene garantizado que recibe hasta 600 euros al mes y que se le devuelve el piso en perfectas condiciones tras la finalización del contrato, que suele ser de seis años. El Gobierno vasco se cobra tanto de cobrar a unos como de pagar a otros y las arcas públicas asumen la diferencia.

En el caso de ASAP, la relación entre inquilino y propietario es como en el mercado libre. Uno le paga al otro directamente. En ese caso la intermediación del Gobierno vasco es proporcionando un eficaz servicio de seguros contra impagos y desperfectos. Unas condiciones que este nuevo decreto, que ya el paso día 17 fue aprobado en el consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo, también mejora ostensiblemente. Así, le cubre el dueño hasta 80.000 euros del continente, 10.000 de contenido y 601.000 en caso de responsabilidad civil. Y, tanto o más importante, garantiza hasta 20 mensualidades en caso impago, plazo que hasta ahora era de 14.

Iñaki Arriola ha confiado en que estas modificaciones surtan efecto y cada vez más propietarios se animen a poner sus pisos en alquiler. Porque, a su juicio, «se trata de eso, de movilizar la vivienda vacía y destinarla a personas que lo necesitan, pero que tienen una situación más desahogada que otras, aunque eso tampoco les llega para pagar una renta libre».

En ese sentido, el consejero ha anunciado que en unos diez días su departamento presentará la Estadística del Mercado del Alquiler (EMA), que establecer unos índices de referencia de los premios del arrendamiento libre concretados por municipios, barrios e incluso calles. «Mostrará los datos reales de los precios en el País Vasco porque los hemos obtenido de los 35.000 nuevos contratos que desde 2016 tienen que inscribirse obligatoriamente en el registro de alquileres del Gobierno vasco». Según ha remarcado, esta estadística además se empleará para diseñar el sistema de incentivos fiscales con el que el Ejecutivo autónomo pretende frenar la escalada de las rentas libres. El objetivo es bonificar a los que alquiler sus pisos por debajo de los precios de referencia y penalizar a los que lo hagan por encima.