El Gobierno vasco detecta 30 millones en pagos indebidos por la RGI el año pasado

La información aparece en una respuesta remitida al Parlamento vasco por el área que lidera la vicelehendakari Idoia Mendia a petición de Vox, que había pedido aclaraciones sobre la ayuda social. En 2021 los pagos incorrectos se habían elevado hasta los 34,4 millones, y aunque el año pasado las cifras mejoraron volvieron a ser altas. El desvío supuso prácticamente una décima parte de la cuantía destinada por el Gobierno vasco al abono de la RGI durante todo el ejercicio, en total 302 millones.

El concepto 'pago indebido' no se refiere a los casos de fraude que puedan haberse registrado en el cobro de ayudas sociales, sino a mensualidades en las que Lanbide acabó aportando más dinero del que debía al no ser informado el servicio a tiempo de que las condiciones socioeconómicas del perceptor, las que determinan la cuantía exacta de la RGI, habían cambiado.

En la información remitida a la Cámara vasca, los técnicos del Departamento de Empleo y Trabajo advierten de que el cobro erróneo suele tener «más de un motivo», pero señalan principalmente a un factor como el origen de la desviación: en el 59,2% de los casos registrados en 2021 y 2022 se debió al aumento de ingresos que registró el perceptor de la ayuda o las personas que conforman su unidad familiar. Generalmente, por el acceso a un empleo.

¿Qué supone este cambio? Si no se notifica con tiempo, Lanbide entrega una RGI más alta, bien porque abarca más días del mes de los que debe o porque contempla que los ingresos del perceptor son más bajos de lo que realmente son. «El pago indebido se genera por la demora en la actualización del expediente», explican las fuentes consultadas. Según la estadística, en el 11,2% de los casos se debe a que el beneficiario no reúne los requisitos para percibir la RGI, y en el 7,6% porque la ayuda ha sido suspendida. Existen otra veintena de argumentos en la información remitida al Parlamento vasco, pero su incidencia es muy reducida. Oscila entre el 2,7% y el 0,01%.

Frente a la tendencia del último bienio, el Departamento de Empleo y Trabajo afronta este ejercicio con una perspectiva renovada. La nueva ley de la RGI, aprobada hace apenas unos meses, entrará en vigor en marzo y será de aplicación en abril. En lo que respecta a los 'pagos indebidos' se espera que ayude a revertir la tendencia de forma «muy importante».

Las razones que esgrime el equipo de Mendia son principalmente dos. La primera, que la nueva normativa facilita la «interoperabilidad», el cruce de información entre administraciones. Supone que Lanbide dejará de depender de que los beneficiarios de la RGI le remitan los documentos que reflejan cambios en su estatus socioeconómico. La segunda se refiere a que el cálculo de la ayuda pasará a realizarse de forma trimestral y no cada cuatro meses como hasta ahora. A menor tiempo, los posibles errores podrán ser subsanados con mayor rapidez, provocando una desviación económica menor.