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La caída de ingresos en muchas familias hace prácticamente imposible que puedan asumir el pago del alquiler de sus viviendas. A esos hogares se dirige la nueva ayuda anunciada por el Gobierno vasco, que dotará con 15,5 millones de euros un programa del ... que esperan se beneficien más de 9.800 inquilinos.
La cuantía ascenderá a 250 euros mensuales, con un tope de 1.500, y se prolongará entre abril y septiembre «si persiste la situación de vulnerabilidad», precisan desde el Ejecutivo autónomo., que hará dos pagos trimestrales. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Iñaki Arriola, ha destacado durante el anuncio de la iniciativa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, «es de justicia que desde el Gobierno vasco se ampare a las personas que se han visto sacudidas por las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria. El objetivo será ayudar a personas que puedan tener problemas para pagar el alquiler de su vivienda».
Para acceder a estas ayudas, es necesario cumplir unos requisitos, como «encontrarse en una situación de desempleo a raíz de la hibernación de la actividad o haber sufrido un ERTE», ha detallado Arriola. En el caso de los autónomos, deben acreditar «una reducción de sus ingresos o ventas igual o superior al 40% respecto al semestre anterior».
El contrato de alquiler tiene que haberse suscrito «antes de la declaración del estado de alarma», y los beneficiarios no pueden «poseer otra vivienda». Asimismo, ha explicado el consejero, «los ingresos de la unidad familiar» en el pasado ejercicio fiscal tuvieron que estar por debajo de los 39.000 euros, y el patrimonio familiar debe ser inferior a los 50.000 euros. Para optar a la ayuda, el importe de la renta y de los gastos de comunidad y suministros básicos tiene que superar el 30% de los ingresos disponibles en ese momento.
En el caso de familias en situaciones especialmente vulnerables, la cifra podría ascender a los 3.000 euros. Se mejorará así la subvención a vícitmas de violencia de género, a vascos que sean objeto de desahucio de su vivienda habitual, que no tengan hogar o que sean especialmente vulnerables. En ese sentido, ha aclarado, «se considerarán personas especialmente vulnerables aquellas que así sean valoradas por los servicios sociales de base municipales».
El plazo de presentación de solicitudes, que tendrán que hacerse de forma telemática, comenzará al día siguiente de la publicación de la Orden en el Boletìn Oficial del País Vasco, y se prolongará hasta el 30 de septiembre.
La ayuda pretende asimismo equiparar a las personas que alquilan en el mercado libre y las que gozan de un arrendamiento de titularidad pública. En ese caso, a través de una orden aprobada el 31 de marzo, se exonera al pago de la cuota, durante al menos tres meses, a los inquilinos de pisos protegidos que el coronavirus haya puesto en una situación delicada.
Arriola ha recordado, asimismo, que el pasado año el parque público en este tipo de régimen estaba compuesto por 23.594 viviendas, el 20% de las totales puestas en alquiler. A lo largo de 2019, además, «alrededor de 26.000 unidades familiares recibieron mensualmente ayudas directas para el pago de alquiler en el mercado libre», subvenciones a las que se destinaron 78 millones de euros.
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