El Gobierno vasco decidirá si se construye el parque eólico de Arcentales pese al veto foral

En este caso, el Gabinete de Urkullu tiene garantizado por dos vías que su criterio prevalezca sobre los informes de otras administraciones. El último cambio normativo aprobado por el Parlamento vasco modificó la Ley de Ordenación del Territorio y a través de una disposición final incluida en otra norma -la de Administración Ambiental, aprobada en diciembre de 2021- le asegura al Gobierno vasco un mecanismo para dar prioridad a aquellos proyectos que sean de utilidad para el conjunto de la comunidad, incluso si el ayuntamiento afectado se muestra en contra. Es decir, que puede imponer la ejecución, por ejemplo, de vertederos y parques eólicos, causa habitual de fricciones con vecinos, colectivos ecologistas y entre los propios partidos políticos.

La modificación legal ya supuso un importante terremoto político, porque no sólo se mostraron en contra todos los grupos parlamentarios de la oposición. También en Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, hubo un intenso debate y fueron decenas los ayuntamientos que aprobaron mociones en contra.

De hecho, no son solo los cuatro ayuntamientos -todos gobernados por el PNV- los que han expresado sus dudas sobre el proyecto de Arcentales. El informe concluido en octubre por el Departamento foral de Sostenibilidad y Medio Natural a petición de la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno vasco y del que se dio cuenta en las Juntas Generales, resultó demoledor. La Diputación considera que la instalación eólica no tiene cabida al afectar a aves necrófagas de interés comunitario, como el alimoche. Según el documento, la posibilidad de accidente con los aerogeneradores «es clara y puede generar la pérdida de ejemplares adultos de la especie».

Además del impacto sobre la fauna, la Diputación recuerda que hay normativa que obliga a preservar la morfología originaria del territorio en Las Muñecas, y que en el mismo cordal en el que se proyecta el parque eólico se encuentra la estación megalítica de Alen, declarada conjunto monumental. Por eso pide que el estudio de impacto ambiental tenga en cuenta las afecciones provocadas por el plan y recuerda que en el avance del mapa de las energías renovables de Euskadi se consideran zonas de exclusión para el aprovechamiento energético eólico los Bienes de Interés Cultural.

Pese a las numerosas incidencias que advierte la Diputación, la tramitación del proyecto continúa su recorrido en el Gobierno vasco. Fuentes de la consejería encabezada por Arantxa Tapia explican a este periódico que el procedimiento de consultas forma parte de la evaluación, pero que ningún informe de las administraciones en esta fase tiene la facultad de paralizar la iniciativa. La Declaración de Impacto Ambiental, en todo caso, sí tendrá en cuenta las aportaciones de las instituciones y tiene la capacidad de plantear modificaciones al proyecto original. Sin embargo, todavía no hay plazos para su finalización. «Se está trabajando, pero aún no se está en ese momento», insiste un portavoz autorizado del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

El parque eólico en cuestión, planteado por la empresa Euskal Haizie S. L., estaría formado por ocho aerogeneradores de 115 metros de altura de buje (correspondiente al poste), con turbina de 170 metros de diámetro y palas de 83,5 metros de longitud. La instalación, situada entre la cima Torrelaseta y el monte Mello, tendría una potencia de 49,6 megavatios, apurando el máximo de 50 MW que únicamente requiere una autorización autonómica, sorteando así las exigencias del Gobierno central. Su acceso se pretende realizar por el puerto de Las Muñecas, a través de la carretera BI-3601, y la evacuación de la energía se plantea mediante circuitos subterráneos que discurrirían en paralelo al camino de acceso a la subestación, que se construirá entre el quinto y el sexto molino, en Sopuerta.