El Gobierno vasco cuestiona los distintivos en los juzgados de violencia de género

Se trata de una medida que tiene por objeto reforzar la seguridad de las víctimas y que ayer generó nuevos pronunciamientos. El Colegio de la Abogacía volvió a mostrar su rechazo a esta iniciativa y exigió su «inmediata» supresión. Sin embargo, la respuesta más novedosa fue la del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, que no se había manifestado hasta ahora y que tiene que responder a una queja formal presentada por los letrados vizcaínos.

Fuentes autorizadas del Ejecutivo explicaron a EL CORREO que, en principio, «parece que es una decisión que se ha tomado para mejorar la protección de las víctimas». Sin embargo, advirtieron de que el uso obligatorio de los distintivos «afectaría a los derechos de los testigos o de los denunciados». En este sentido, se mostraron partidarios de abordar esta cuestión «en los próximos días». La intención de la consejería es escuchar los «argumentos completos» de las partes, tanto de «los que han tomado la decisión» como de los que han «presentado la queja» para «tratar de buscar una solución entre todos».

La reacción del Gobierno vasco se produjo después de que el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, que dirige Maite Morillo, comunicara que ha presentado una queja formal ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero también ha involucrado en el asunto a la secretaria coordinadora de Bizkaia, al presidente del TSJPV y a la directora de Justicia Digital e Infraestructuras del Gobierno autonómico, a los que exige que rectifiquen «de forma inmediata las distintas medidas acordadas».

El Colegio explicó que el pasado 18 de julio recibió el nuevo protocolo de actuación en relación con la movilidad y circulación de las personas y profesionales que acuden a las dependencias judiciales. Según señalaron sus responsables, la obligación de llevar distintivos en los juzgados de violencia de género de Bilbao provocó «distintas quejas» por parte de sus colegiados.

La institución considera que la imposición de una pegatina visible a los profesionales de la Abogacía que desempeñan su labor profesional durante su estancia en sede judicial «resulta absolutamente improcedente, inadecuada e innecesaria». Entre otras razones apunta que los abogados ya deben «presentar su carnet profesional en el acceso a las mismas al personal de seguridad que controlan los accesos». Desde los juzgados de Bilbao insisten en que se trata de una medida impuesta como consecuencia de la reforma de las instalaciones, donde se ha habilitado una planta para garantizar la seguridad de las víctimas y de «acceso restringido», lo que hace necesario tomar «todas las medidas de precaución imprescindibles» para evitar que «una persona no autorizada» acceda a esta zona.

La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía entiende que se trata, además, de una iniciativa «completamente alejada del debido respeto y decoro que debe garantizarse a los profesionales de la Abogacía». Son -a su juicio- medidas «inútiles» , «éticamente reprobables», que carecen de «soporte legal» y «contrarias a los principios de un Estado de Derecho». «El sistema ideado vulnera la presunción de inocencia y dignidad de las personas investigadas, y representa una 'pena de banquillo adelantada', quedando el investigado señalado y marcado delante del resto de personas que acuden a los juzgados de violencia», añade.