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El Gobierno vasco prevé la entrada en vigor en el primer trimestre del próximo año del decreto que regulará las ayudas de 200 euros mensuales a familias con hijos de entre 0 y 3 años. Y el texto llegará con novedades respecto al anuncio realizado ... por el lehendakari Urkullu en el pleno de reto demográfico celebrado en mayo. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha explicado en la mañana de este viernes en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento vasco que esas ayudas serán «universales» y no estarán vinculadas a la renta. Esto supone que, si la idea inicial era que pudieran acceder a estas aportaciones los hogares con unos ingresos por debajo de los 100.000 euros, finalmente se elimina el tope y también tendrán derecho a percibirlas quienes ganen más.
Las prestaciones, ha dicho la titular del área, se concebirán como «un derecho subjetivo» para que lleguen «a todas las familias, independientemente de su condición». El Departamento destina a esta línea, uno de sus proyectos estrella, 91,2 millones, el 14% de su «presupuesto de récord», que ascenderá a 638 millones de euros.
El área de Políticas Sociales contará con 262, y el grueso (153) lo manejará la Dirección de Familias e Infancia, la encargada de tramitar estas aportaciones. «Generamos nuevas ayudas familiares para potenciar el reto demográfico, centrando esos apoyos en la primera edad de la vida, tal y como recomienda Naciones Unidas», ha destacado la consejera, que también ha avanzado que, independientemente de cuándo entre en vigor el decreto, tendrá «carácter retroactivo» al 1 de enero de 2023. Así, esos meses del próximo año en los que la normativa no esté aprobada, se pagarán igualmente.
La previsión que recoge el proyecto de presupuesto es que en 2024 se destinen 93 millones a este concepto; en 2025, 56 millones; y en 2026, 19,3. Las aportaciones, sin embargo, se quedan «cortas», en opinión de algunas formaciones como EH Bildu. «Las asociaciones de familias dicen que es necesario mantenerlas hasta los 18 años», han recordado a la consejera desde la coalición abertzale, que tilda de «falta de compromiso» que terminen a los 3 años.
Artolazabal ha precisado que en un futuro se podría valorar «extenderlas» y ha insistido en que «ocho de cada diez euros de las cuentas de 2023 están destinados a gasto social». En ese sentido, ha enumerado algunos de los programas de la Dirección de Políticas Sociales, que dispondrá de 91,5 millones de euros. Este área distribuye, por ejemplo, las Ayudas de Emergencia Social. Ascenderán en 2022 a 41 millones de euros, 10 más de lo presupuestado este año, aunque una cifra similar a lo que finalmente se ha gastado, ya que el Gobierno vasco ha tenido que realizar aportaciones extraordinarias. Isabel González, de Elkarrekin Podemos, no entiende que se dedique «un monto igual al ejecutado este año» cuando estamos «en un momento de pobreza creciente con la inflación, que ahoga a las familias de menos recursos».
En el ámbito en el que sí ha crecido la cuantía es en la lucha contra la pobreza energética y alimentaria, con la creación del programa Hitzartuz, dotado con 4 millones. Este año, en colaboración con Cruz Roja, se han repartido 800.000 euros para pagar las facturas de energía y suministros. En 2023, serán 1,5, a los que se sumarán otros 2,5 para adquirir comida.
Pretenden, ha precisado la consejera, «que este invierno no sea tan complicado como se puede prever». «Hemos ido priorizando aquellas necesidades que entendíamos eran más urgentes, para poder permitir con dignidad afrontar los retos que vienen como consecuencia de la guerra y otras crisis», ha defendido. La Dirección de Migración y Asilo, por su parte, duplica prácticamente sus ingresos, por encima de los 15 millones de euros, con el reto puesto en «reforzar el modelo vasco de acogida».
En el área que dirige Artolazabal también se enmarca el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, que mantiene unas cuentas similares a las de este ejercicio, con 7,8 millones. EH Bildu ha mostrado su «preocupación» porque el primer presupuesto tras la aprobación de la segunda modificación de la Ley para la Igualdad «se ha quedad congelado». «Es un mal precedente para abordar el reto que tiene entre manos», han lanzado. La consejera ha puntualizado que, en realidad, el Departamento maneja «más de 9 millones» para políticas de igualdad.
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