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Las licencias de caza van a la baja en Euskadi de forma «constante» desde 2008, aunque la pandemia aceleró el descenso y en la actualidad hay 25.470 permisos vigentes en la comunidad autónoma, un 22% menos que hace cuatro años. En el Parlamento vasco ... entienden, entre otras cosas, que es una actividad «clave» en la «gestión» de la fauna silvestre. Por ello, quieren frenar la caída de cazadores y emplazan al Gobierno autonómico a implementar medidas para garantizar el relevo generacional.
La iniciativa surge del PP, que presentó una proposición no de ley y finalmente ha llegado a un acuerdo, a través de una enmienda transaccional, con PNV y PSE, los partidos que conforman el Ejecutivo vasco. La idea es que se modifique el decreto regulador de cara a adecuar «a las necesidades actuales» las licencias y los exámenes de aptitud de manera consensuada con «las diputaciones y las federaciones» de caza. También plantean «estudiar la viabilidad de crear nuevas figuras» dentro de esta actividad y «flexibilizar las convocatorias anuales de los exámenes».
En ese sentido, la popular Ana Morales ha recordado que, antes de la crisis sanitaria, había «cuatro» convocatorias al año para obtener la licencia. Con la llegada del covid se redujo «a una» y no se ha vuelto a aumentar, por lo que hay personas que «están teniendo dificultades para poder sacarse los permisos». «No nos podemos permitir estar sin hacer nada en torno a la desaparición paulatina de la caza», ha advertido la parlamentaria autora de la iniciativa, que ha recordado que es una actividad que contribuye a «controlar la superpoblación» de especies como el corzo, pero especialmente del jabalí, que «en los últimos dos años ha crecido un 16%» en Euskadi.
Eso general, ha señalado, «importantes consecuencias» en la agricultura, con «destrozos de cultivos», y también provoca «accidentes de tráfico y daños en el medio natural, que es el hábitat de otras especies». De no actuar, prevé habrá «un problema muy importante a medio y largo plazo». «Estamos viendo que otras administraciones están contratando empresas privadas para controlar la superpoblación de jabalí y cuesta unos 2.500 euros cada captura», ha expuesto.
La socialista Aroa Jilete ha calificado la «acción cinegética» como «necesaria» para que haya un «número de animales equilibrado en el ecosistema» en el que habitan. Por eso cree que seguir favoreciendo una «caza ordenada y sostenible será positivo». Aritz Abaroa (PNV), ha destacado por su parte que «el fondo de esta iniciativa es la conservación del medio ambiente», aunque sin olvidar que se trata de «una actividad deportiva vinculada al campo», un «elemento de cohesión social en el entorno rural» y un sector económico que mueve al año «más de 300 millones de euros».
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