El Gobierno fija un plazo de un mes para rebajar a 90 km/h la velocidad en las vías secundarias

El real decreto modificará el artículo 48 del Reglamento General de Circulación. La reducción a 90 por hora será para automóviles y motocicletas. Los camiones, furgonetas, autobuses -si no cuentan con cinturones de seguridad para sus pasajeros- y resto de vehículos podrán circular a un máximo de 80.

El Gobierno socialista justifica la reforma en los objetivos de «aumentar el nivel de seguridad de los usuarios de las vías al rebajar las velocidades máximas, reducir la siniestralidad general, y especialmente la de los más vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas». El Ejecutivo central ha decidido utilizar la vía del decreto ya que a diferencia de pasadas legislaturas -en las que el consenso político era la tónica en materia de seguridad vial-, la actual situación podría alargar el debate parlamentario. Los predecesores en el cargo de Pere Navarro, actual director de la DGT, lo intentaron, pero chocaron con diferentes sectores, políticos y sociales, para modificar la ley. Además, quedan pocos meses de legislatura para tramitar esta normativa.

Si todo sigue por los cauces previstos, se espera que la reducción de la velocidad a 90 kilómetros por hora sea efectiva en breve. Tráfico se ha fijado un plazo de 30 días para que los titulares de las carreteras -Gobiernos autónomos, diputaciones...- cambien todas las señales existentes mediante pegatinas, tal y como ya se hizo cuando se redujo temporalmente la velocidad en autovías y autopistas a 110 en 2011. El sistema de sustitución sería mucho más largo y costoso.

La medida, que afectará a unos 10.000 kilómetros de la red estatal de carreteras, contempla una excepción: en aquellas vías con separación física de los dos sentidos de circulación, podría fijarse los 100 km/h para turismos y motocicletas. España es de los pocos países de Europa (junto a Rumanía, Polonia, Irlanda, Alemania y Austria) donde la velocidad máxima se encuentra en 100 por hora para las vías convencionales. Ahora se sumará a los catorce que ya fijan en 90 el máximo permitido: Portugal, Grecia, Hungría, Italia, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Lituania, Luxemburgo, Chequia, Croacia, Eslovenia, Estonia y Letonia. Hay otros países con límites aún más bajos, como Suecia (70 km/h), mientras que Francia lo rebajó este verano a 80. «En seguridad viaria, la velocidad es el gran tema: lo que genera accidentes, mata o crea lesiones graves es la velocidad», insistió ayer Pere Navarro. Los expertos de su departamento creen que con la reducción de 100 a 90 por hora pueden reducirse el número de fallecidos «en un 10%».

Frente a las asociaciones de víctimas de tráfico, que aplaudieron la medida, agrupaciones de automovilistas y motoristas se manifestaron en contra. Según indicó David Fernández, técnico de Seguridad Vial del RACE, la bajada de velocidades son soluciones «bastante estériles». «En las carreteras convencionales abogamos por una mayor inversión en infraestructuras, como mejorar el trazado y la iluminación para la conducción en condiciones meteorológicas adversas», subrayó. También Automovilistas Europeos Asociados (AEA) rechazó la reforma. «No va a provocar una reducción de accidentes», señaló su presidente, Mario Arnaldo.

En la misma línea se mostró el colectivo de motoristas. Así, la vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial (PMSV), María José Alonso, afirmó que bajar la velocidad «no es la solución». «No va a servir absolutamente para nada», dijo. Lo mismo consideró Mutua Motera. Su presidente, Juan Manuel Reyes, fue claro. «Va en contra de los tiempos. Los accidentes por exceso de velocidad son poquitos».