La «flexibilización» de la RGI permite en medio año llegar a más de 3.100 nuevas familias

La regulación todavía no está funcionando en su totalidad. Un reglamento, que el Departamento de Trabajo y Empleo espera que sea efectivo antes de que termine el año, desarrollará varios aspectos que facilitarán que más perfiles se incorporen a esta renta. Esta mañana, Sara Buesa, directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, ha desgranado a técnicos del Servicio Vasco de Empleo, trabajadores de Servicios Sociales de ayuntamientos y diputaciones y a representantes de entidades del tercer sector las novedades de ese documento que confían en que esté aprobado en «en octubre o noviembre».

Respecto a lo que se ha hecho hasta ahora, la responsable de las prestaciones ha explicado que están en marcha las nuevas cuantías –que han crecido un 10% en el caso de unidades convivenciales de un solo miembro o un 54,7% en las familias numerosas con menores– o la modificación del requisito de empadronamiento. En los hogares con niños, por ejemplo, el período registrado en el padrón pasó de tres años a uno, mientras que las personas refugiadas, víctimas de violencia de género y doméstica, las de trata y las de explotación sexual tienen que estar inscritas en el momento de presentar la solicitud, sin necesidad de atestiguar antigüedad.

Parte del incremento en los perceptores, de hecho, va por ahí. «Es un efecto lógico», ha subrayado antes de aclarar que, solo en agosto, se tramitaron 54 expedientes relacionados con las citadas violencias, 55 de personas refugiadas, 30 de solicitantes de asilo y 11 del sistema de protección de menores.

Entre los perfiles que se incorporarán una vez esté en vigor el reglamento, destaca el de las personas de entre 18 y 23 años (ahora para ser titular de la RGI tienes que tener la segunda de las edades). Buesa no cree que vaya a tener «gran incidencia», porque los «requisitos» son exigentes.

Los solicitantes deben acreditar que llevan al menos un año «de vida independiente», un período en el que han tenido que estar inscritos como demandantes de empleo en Lanbide, estar trabajando en el momento de la solicitud o haberlo hecho durante 240 días en los dos últimos años. «Un estudiante al que sus padres le pagan un piso de alquiler en otra ciudad vasca, por ejemplo, no podría ser beneficiario», ha aclarado. También pueden acceder, sin cumplir esas exigencias, los jóvenes de esas edades «en una situación vulnerable», como refugiados, procedentes del sistema de protección de menores...

El reglamento reconocerá además las unidades de convivencia excepcionales. «Por ejemplo, personas víctimas de catástrofes o emergencias, o un perceptor que sufre un accidente grave y se tiene que ir temporalmente con unos familiares para que le cuiden, seguirá percibiendo la RGI, cosa que ahora no se contempla», ha precisado.

Asimismo, la ley ya ha eliminado el límite máximo de dos titulares residiendo en el mismo domicilio para «atender a una realidad social» que no es otra que la de «las dificultades, muchas veces, de acceso a una vivienda, que aboca a compartir piso a varias familias». En ese caso, se aplica un índice corrector, ya que se entiende que esas unidades convivenciales «comparten gastos».

Cuando la normativa esté desarrollada en su totalidad –queda aprobar el reglamento, poner en marcha la unidad de inspección y publicar el decreto de estímulos al empleo–, tendrá un impacto económico de 44,2 millones de euros. Este año, la RGI cuenta con un presupuesto de 312 millones, el Ingreso Mínimo Vital de 73 y la Prestación Complementaria de Vivienda, de 80.