La Fiscalía rechaza que la muerte de María José Carrasco sea violencia machista

Pero la Fiscalía General del Estado cree que esta lectura es «sesgada». «No compartimos ni la decisión ni los argumentos en los que se ha basado el juzgado para acordar la inhibición», señaló la fiscal de Sala de Violencia de Género, Pilar Martín Najera. Explicó que es necesario que haya humillación y violencia para considerar una acción como violencia machista, «un contexto de discriminación, situación de desigualdad y de dominación» del varón sobre la mujer. «Ella (María José Carrasco) había pedido acabar con su sufrimiento de forma libre y voluntaria», indicó la fiscal para justificar el recurso que se elevará ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El desacuerdo judicial entre el Ministerio Público y la juez de instrucción radica en la interpretación de la sentencia del alto tribunal sobre una doble agresión entre un hombre y una mujer producida en Zaragoza en diciembre de 2017. La trifulca acabó en el Supremo, que condenó al hombre a seis meses de prisión por violencia machista y a la mujer a tres meses de cárcel por un delito de violencia familiar. El alto tribunal argumentó, entre otros aspectos, que «los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad». Y a esta interpretación se acoge la jueza de instrucción para trasladar el caso a su colega de violencia de género.

La situación judicial de Ángel Hernández tiene varios caminos. El primero, que la Audiencia Provincial de Madrid acepte el recurso de la Fiscalía y devuelva el caso al magistrado de instrucción. La segunda opción es que el juzgado de violencia de género al que le ha caído el caso decida no aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid; en este conflicto de competencias, será la Audiencia Provincial la que tendrá decidir -en algo más de un mes- qué tribunal debe seguir con la instrucción de la muerte de María José Carrasco. La tercera opción es que la magistrada especialista acepte el caso. Entonces, puede seguir con las pesquisas o archivar la causa, como pedirían la Fiscalía y la defensa de Hernández, que también anunció hoy que iba a recurrir la inhibición.

 La abogada de Ángel Hernández, que quedó en libertad y al que se le imputa un delito de cooperación al suicidio tipificado en el artículo 143 del Código Penal, coincidió con al lectura realizada por la fiscal de Violencia de Género. «Es bastante chocante que el caso se considere como violencia de género porque no hay una superioridad ni un enfrentamiento», indicó, en un comunicado, Olatz Alberdi, que aseveró que el caso está «alejado» de considerarse como violencia machista. «No es conforme a Derecho que todos los casos entre un hombre y una mujer deban tramitarse por violencia de género cuando las causas y la intención están claras, como ocurre en este caso», añadió.

«Aunque la decisión no supone una variación sustancial de las condiciones judiciales, Ángel Hernández se muestra afectado por las implicaciones que tiene, a nivel social, que su causa la instruya un juzgado de violencia sobre la mujer, cuando en todo momento ha quedado patente el respeto y el amor que profesaba por su mujer, a quien ayudó a cumplir su voluntad de morir sin padecer mayores sufrimientos», apuntó la letrada del despacho ABA Abogadas.