La Fiscalía rechaza que un juzgado de violencia machista investigue el caso de María José Carrasco

De esta forma, la Fiscalía se pronuncia ante el requerimiento enviado por López Anguita, a la que le recayó el caso después de que el juzgado de instrucción número 25, cuya titular es Ángeles Velasco García y al que le había correspondido en primera instancia, se inhibiera con el argumento de que según la doctrina del Tribunal Supremo, cualquier acto contra una mujer por parte de su pareja o expareja debe ser considerado como un caso de violencia machista.

El Ministerio Público argumenta que Carrasco, aquejada de una enfermedad «grave, dolorosa e incurable», «manifestó repetidamente su deseo de morir de una forma libre, pública y consciente». También subraya que «no existe ni puede razonablemente sostenerse la existencia de ese contexto de dominación y de relaciones de asimetría y de poder sobre la mujer» que es propio en los casos de violencia machista cuando fue la mujer la que pidió a su marido la ayuda necesaria para morir, «accediendo el investigado a poner fin a ese sufrimiento que arrastraba desde hacía 30 años».

Son unas «coordenadas radicalmente diferentes a las que hace referencia la jurisprudencia y que le alejan del ámbito y del espíritu de la violencia de género y de la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer», insiste la Fiscalía, antes de aclarar que la muerte de María José Carrasco debería investigarse como cooperación al suicidio: «Auxilio a un deseo expreso, manifiesto y patente de la persona fallecida, sin que se exista ninguna situación de sometimiento por parte de la misma».

La Fiscalía admite que el Tribunal Supremo dejó bien claro que cualquier agresión de un hombre a una mujer en relación de pareja es un hecho constitutivo de violencia de género, con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad, pero añade que también estableció que existen excepciones: «En casos concretos podría correr de cargo de quien lo alega que el acto de dominación no existe, por ser el hecho en sí mismo cuestión ajena a un acto de maltrato».

«Nos encontramos ante ese supuesto residual, excepcional, en el que no existe un acto de dominación del hombre sobre la mujer», asevera el Ministerio Público, que recuerda que Ángel Hernández, el marido de la fallecida, «se ha ocupado personalmente de los cuidados personales de María José durante el padecimiento de su grave enfermedad, hasta su muerte».

Considerar estos hechos como violencia contra la mujer es «contradictorio» con los fines perseguidos por el legislador, agrega la Fiscalía, «además de mandar un mensaje distorsionado a la sociedad sobre cuál es la razón y contenido de la misma».

El 15 de abril, la juez de violencia de género envió una providencia a la Fiscalía en la que pedía que, antes de «resolver sobre su admisión», emitiera una opinión sobre «la competencia objetiva» de este juzgado para llevar a cabo la investigación. Si al final la juez de violencia machista se inhibe del caso y la juez de instrucción tampoco cambia de opinión, previsiblemente será la Audiencia Provincial de Madrid la que deba decidir quién es competente para hacerse cargo de la investigación.