La Fiscalía rechaza que el Estado se persone en las causas de delitos sexuales

«La Fiscalía General del Estado quiere informar a los ciudadanos de que la defensa y tutela de las víctimas está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia», apunta el comunicado oficial de la Fiscalía General, que recuerda que son la propia Constitución y el Estatuto del Ministerio Fiscal los que reservan exclusivamente al Ministerio Público la protección de los damnificados.

La Fiscalía no oculta que se ha sentido ninguneada por las declaraciones del Gobierno a raíz de la puesta en libertad de los cinco condenados por los abusos de los Sanfermines de 2016. El Ministerio Público insiste en que la «práctica» de la Fiscalía «en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas, muy singularmente respecto de las que lo son de delitos sexuales» siempre ha sido y será la de «su defensa integral, tanto en la vertiente penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima».

El escrito de la Fiscalía que desentierra el hacha de guerra con el nuevo Gobierno llega en un momento muy delicado en la institución. El ex fiscal general Julián Sánchez Melgar ya ha dejado su puesto y su sustituta, María José Segarra, todavía no ha tomado posesión. La nota, por tanto, ha sido redactada por varios altos cargos del departamento, bajo la coordinación de la fiscal de Sala del Supremo Pilar Fernández Valcárcel, que es precisamente la fiscal delegada para la Protección de Víctimas.

Se da además la circunstancia de que la asociación más beligerante con la idea del Gobierno ha sido la Unión Progresista de Fiscales (UFP), a la que pertenecía como vocal la ministra Dolores Delgado y de la que también formaba parte, antes de ser propuesta para Fiscal General, la propia Segarra. La UFP abrió el mismo viernes el fuego defendiendo el papel de la fiscal del caso de 'La Manada'.

En el Ministerio Público no ha entendido en absoluto el anuncio del Gobierno, sobre todo porque la Fiscalía pidió más de 20 años de cárcel para los cinco jóvenes sevillanos; defendió la calificación de violación (no de abuso); se ha opuesto a su excarcelación durante todo el proceso (también tras la sentencia); ya ha anunciado que recurrirá la puesta en libertad de los cinco condenados; y también ha anunciado que recurrirá hasta la última instancia la calificación de los hechos como un simple abuso sexual.

El Ministerio Público no ha sido el único en contestar el proyecto gubernamental. Responsables de la Abogacía del Estado se apresuraron a denunciar que la actual legislación no contempla la posibilidad de que los servicios jurídicos de la Administración central puedan personarse en defensa de los intereses de un particular durante un proceso penal.