La Fiscalía destaca en su memoria anual el «ímprobo y extraordinario» esfuerzo a nivel de «medios materiales y personales» de la consejería de Salud y las tres diputaciones forales por tratar de frenar los contagios de Covid-19 en las residencias de mayores en 2020.
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Como en el resto de territorios, el Ministerio Público abrió durante la primera ola de la pandemia una investigación para controlar el estado de los 315 centros de estas características que hay en Euskadi. Lo hizo en un momento en el que la enfermedad se cebaba con los más mayores y las residencias estaban en el foco.
Las diputaciones y el Gobierno vasco han enviado información todas las semanas a la Fiscalía sobre la evolución de la enfermedad en las residencias. Además, también explicaban los diversos «planes de contingencia» que elaboraban para tratar de contener el virus y «todas las familias» estaban informadas de del estado de sus seres queridos.
La primera ola -en un momento en el que tampoco se hacían pruebas a todo el mundo- se saldó con 292 fallecidos en Bizkaia, 154 en Álava y 167 en Gipuzkoa sobre un total de 8.668 residentes en los centros de Bizkaia, 3.772 en Álava y 4.769 en Gipuzkoa.
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La investigación sobre las residencias es una de las partes más extensas del informe de la Fiscalía. También se señala que prácticamente se han archivado todas las denuncias que algunas asociaciones y particulares presentaron en 2020 contra determinadas residencias de mayores.
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