El fiscal pide prisión para 21 personas por coacciones al rezar ante clínicas abortivas de Euskadi

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La Fiscalía del País Vasco solicita cinco meses de prisión por un delito de coacciones para los 21 acusados de «obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, así como el desarrollo de la actividad de los trabajadores» al personarse frente a la clínica Askabide entre los días 28 de septiembre y 4 de noviembre de 2022. De forma alternativa, proponen como pena trabajos en beneficio de la comunidad durante 45 días y la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros del centro médico durante tres años. Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, portaban carteles con frases como 'No estás sola', 'Estamos aquí para ayudarte', 'Rezamos por ti y por tu bebé' y «orando habitualmente de forma audible para los usuarios de la clínica». En ocasiones se dirigían a los usuarios lanzando besos o mirándoles fijamente o con frases como 'Perdona a tu madre', 'Van a acabar con tu vida'», lo que, a juicio del fiscal, «perturba» el derecho de las mujeres y los trabajadores.

El director de la clínica presentó sendas denuncias ante la Ertzaintza contra estas concentraciones registradas, según la acusación particular, al menos durante ocho días, entre septiembre y noviembre de 2022. En las mismas participaban durante una hora grupos pequeños de personas, que se iban turnando. Agentes de la Policía autonómica acudieron al lugar e identificaron a los activistas y les indicaron que se posicionaran en un lugar algo más alejado de la clínica, donde no molestaban, como así hicieron.

Según esta parte, los concentrados pertenecen al movimiento internacional '40 días por la vida', en cuya página web se recogen instrucciones «para acudir a clínicas en las que se practican interrupciones voluntarias del embarazo, como Askabide, con la finalidad de presionar a las usuarias, a los trabajadores y a los propietarios» y el cierre de estos establecimientos sanitarios.

Según la dirección del centro, al menos dos pacientes mostraron su malestar al sentirse «gravemente coaccionadas y presionadas» por los investigados. También una trabajadora de la clínica, que se encontraba entonces en estado de gestación, le envió un correo electrónico «instándole a poner freno a la situación». Una cirujana estética que alquilaba parte del local le advirtió que de no cesar estas prácticas, se trasladaría. Todo esto le supuso un «evidente perjuicio económico y psicológico». Reclama que indemnicen de forma solidaria a la clínica con 20.000 euros y que les impongan trabajos para la comunidad.

Antes estas denuncias, la titular del juzgado de instrucción número 4 de Vitoria dictó varios autos con una orden de alejamiento que prohibía a los acusados acercarse a menos de 100 metros de la clínica Askabide.