Exigen más colaboración a la Iglesia e «iniciativa» a las instituciones

Un déficit que atañe tanto a la propia institución religiosa como al conjunto de las administraciones públicas. La primera, por su «tendencia a la negación, ocultación y minimización» del problema y su «escasa o nula colaboración» cuando se ha investigado sobre la materia. A las segundas, por su «falta de respuesta ante el silencio impuesto durante tantos años». A ello se une un entorno social que ha propiciado una «doble victimización» de los afectados, en su mayoría hombres, que además del propio abuso, han tenido que padecer durante años una «victimización secundaria» explicitada en la falta de comprensión y apoyo social (por parte de familiares, allegados, la Iglesia y las instituciones públicas) que ha derivado a su vez en sentimiento de culpa por unos hechos de los que eran las víctimas.

Así quedó de manifiesto ayer en la jornada celebrada en el auditorio del Centro Carlos Santamaría de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) en San Sebastián, en la que se analizó esta problemática. En el simposio se presentó un estudio conjunto de la UPV, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Barcelona (UB), que evidencia la gravedad de los abusos a menores en la Iglesia y las «escasas iniciativas» para denunciar estos casos por parte de las instituciones y entidades religiosas.

El informe, el más ambicioso que sobre esta cuestión que se ha hecho en España, se ha desarrollado entre 2018 y 2021, está en fase de publicación por la editorial Aranzadi, y ha contado con el testimonio de un centenar de personas, entre víctimas y clérigos.

Sus autores, Josep María Tamarit (UOC), Noemí Pereda (UB) y Gema Varona (UPV), denunciaron, respectivamente, que «aquí la Iglesia no ha tenido ningún interés es sacar a la luz esta cuestión y colaborar en la realización de este estudio, como sí ha sucedido en otros países como Australia, EE UU, Bélgica o Alemania»; que la Iglesia «debería asumir su responsabilidad y promover medidas de regeneración psicológica y espiritual» hacia los afectados; y que «ninguna de las víctimas que han participado está satisfecha con la respuesta recibida, ni por parte de la Iglesia ni de las instituciones, cuando ha decidido denunciar los hechos». También censuraron que esa falta de colaboración «hace imposible conocer a ciencia cierta el número real de casos que se han podido producir».

Los autores alertan por último de que, aunque escasa, sí ha habido respuestas institucionales «centradas en la prevención de nuevos casos, pero no en la reparación de los ya acontecidos». En este sentido, el informe se remite a las experiencias de otros países y ofrece modelos concretos de buenas prácticas que permiten desarrollar respuestas de solidaridad.