Eutanasia: cuando la política está por encima de la libertad individual

En un contexto así, hay personas que manifiestan claramente su deseo de morir de forma rápida e indolora, pero los médicos que les atienden dudan frecuentemente de cuál es la conducta correcta desde el punto de vista ético y jurídico. Por ello, el debate sobre la eutanasia aflora y reverdece periódicamente en nuestras sociedades, que si bien no son confesionales y centran sus valores en la libertad, también tienen una carga cultural de cuño religioso que reivindica el valor salvífico del sufrimiento y la aceptación de «lo que venga» como voluntad divina.

En parte, los debates sobre el derecho a morir están motivados por la comprensión del término eutanasia, que ha ido adquiriendo poco a poco el matiz específico de acto médico directo y necesario para hacer más fácil y dulce la muerte, a petición del enfermo. No se considera eutanasia el rechazo o la retirada de tratamientos, aún cuando sea con peligro de la vida, ya que el paciente tiene el derecho -reconocido legalmente- a aceptar o rechazar los tratamientos disponibles. Tampoco lo es limitar el esfuerzo terapéutico, ya que no es obligatorio usar el arsenal de medidas que la ciencia tiene disponibles cuando no se consigue otra cosa que alargar el proceso de morir mediante tratamientos fútiles, que no tienen eficacia real en el caso concreto. Es decir, actualmente, la discusión no estriba en la que antiguamente se llamaba «eutanasia pasiva», sino que cuando hablamos de eutanasia hoy nos referimos específicamente a la «activa», directa y a petición del paciente, que es la penalizada en el Código Penal español, por ejemplo.

A la hora de realizar una valoración moral de la eutanasia y su regulación legal, la mayor dificultad estriba en compatibilizar el derecho a una muerte digna –lo que significa a no recibir tratos inhumanos o degradantes, al rechazo de tratamiento, a la autodeterminación y libre disposición corporal, a disponer libremente de la propia vida, a la misma intimidad–, con ciertas concepciones del derecho a la vida que, en la práctica, implican el deber de vivir contra la propia voluntad.

La enorme carga ideológica que ha arrastrado este debate motiva que ciertas posiciones se parapeten en actitudes maximalistas y, en muchos casos, intolerantes. Entre los detractores de la eutanasia se aprecia con frecuencia un planteamiento que lleva a un enfrentamiento de absolutos que enarbola la sacralidad de la vida en cualquier circunstancia, mientras que por parte de los defensores del derecho a morir en libertad se enfoca una cuestión de respeto. Ambos bandos invocan la defensa de la dignidad humana, pero, evidentemente, la entienden de manera diversa, pues existen dos grandes corrientes a la hora de interpretar y de dar sentido a la dignidad: la cristiana y la laica.

Para una, la dignidad se entiende derivada del ejercicio responsable de la propia libertad. Para la otra, la dignidad estriba en aceptación de la voluntad divina. Si no se tiene en cuenta esta diferencia, que atañe no solo al concepto de dignidad, sino también a la misma concepción de los derechos humanos, el diálogo es solo aparente, pues es imposible el acuerdo si palabras iguales designan conceptos distintos.

Para conseguir un compromiso razonable, la legitimidad de la eutanasia debe ser abordada desde un doble punto de vista: como una cuestión de respeto a la autonomía de las personas y, a la vez, de solidaridad con quien sufre.

La referencia inicial en este debate es la tradicional invocación a la autonomía y la dignidad de la persona, porque la eutanasia supone una decisión individual y por definición autónoma que implica y afecta directamente solo a dos partes: a quien la solicita y a quien la realiza.

La segunda consideración es la compasión por el sufrimiento ajeno y la obligación de aceptar las decisiones ajenas que a otros atañen, aunque no las compartamos.

La eutanasia es una acción que abarca dos actos, cada uno de los cuales tiene un protagonista distinto.

En el primero, el protagonista es el enfermo que padece una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que le causa padecimientos permanentes y difíciles de soportar y es quien toma la decisión, éticamente legítima, de poner fin a su vida de manera apacible y digna.

Este primer acto es el fundamento del segundo, que consiste en la intervención médica que proporciona la muerte de forma rápida, eficaz e indolora y que carecería de legitimidad sin el primero.

El debate está abierto: ¿Se debe respetar la voluntad de morir de un paciente terminal? ¿Se tiene que colaborar en ello? ¿Qué tratamiento utilizar cuando se acerca la hora de la muerte? ¿Quién puede decidir si el paciente no ha manifestado su voluntad y no puede hacerlo? ¿Se debe fomentar la adopción de documentos de voluntades anticipadas o testamentos vitales? Cada persona debería plantearse estos interrogantes e intentar responderlos, porque la muerte nos llegará a todos, indefectiblemente.

En aras a la seguridad jurídica, el derecho debe responder también a ellos de forma adecuada al momento en que se vive. En España, desde finales de los años setenta del pasado siglo, ha habido iniciativas diversas para lograr el reconocimiento del derecho a la disposición de la propia vida de forma efectiva. Recientemente, a principios de 2017, el Parlamento de Cataluña presentó al Congreso de Diputados una propuesta despenalizadora de la eutanasia y la ayuda al suicidio que, mediante la modificación correspondiente del Código Penal -de competencia estatal-, permitiera legislar sobre el tema. Poco tiempo después, el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó una propuesta de Ley Orgánica sobre la eutanasia, que no se llegó a debatir. Finalmente, el PSOE presentó en mayo de 2018 su propuesta de «Ley Orgánica de regulaciones de la eutanasia», actualmente en tramitación parlamentaria.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation.