El reto del Pacto Social de la Vivienda: dotar a Euskadi de 42.000 nuevos inmuebles protegidos en 15 años

El responsable socialista ha remarcado que otra de las obligaciones que autoimpone a sus firmantes el pacto social es acelerar en lo posible la regeneración del parque residencial del País Vasco, «uno de los más viejos del sur de Europa con 46 años de medial». Por eso se propone duplicar el índice anual de rehabilitación del 1,5% al 3% y facilitar los recursos públicos necesarios para que se puedan reformar en este tiempo 350.000 inmuebles, uno de cada tres de todos los existentes en la actualidad. Según Arriola, de este modo Euskadi logrará situarse «en consonancia con los objetivos europeos para 2030 y 2050». Además, establece un «indicador orientativo» sobre la vivienda nueva que, en estos tres lustros, debería incrementar su oferta al menos en 42.000 nuevos inmuebles.

El Pacto Social de la Vivienda se firmó por primera vez en Euskadi en 2010 y entonces fue, en palabras de Arriola, un acuerdo «inédito y pionero» que «puso en el centro de las políticas de vivienda a la ciudadanía vasca y la colaboración entre diferentes». Ahora, según ha remarcado, esta nueva rúbrica se produce «en circunstancias totalmente diferentes». sobre todo porque desde 2015 el País Vasco cuenta con su propia Ley de Vivienda, que en entre otros «grandes pasos» incluye el de ser «la primera comunidad autónoma y una de las pocas en España que reconoce el derecho subjetivo de los ciudadanos a una vivienda digna». Es decir, el Gobierno vasco tiene la obligación legal de facilitar un hogar a aquellos que no tienen recursos para hacerlo por sus propios medios (o, si no hay pisos suficientes, darle ayudas para pagar un alquiler). Más de 7.000 vascos disfrutan ya hoy de este derecho.

En el nuevo Pacto Social por la Vivienda están representadas desde organizaciones sociales o cooperativas de viviendas hasta sindicatos, empresas privadas, colegios profesionales, universidades, centros tecnológicos y clústers. «Se trata de un grupo muy heterogéneo que ha sabido encontrar puntos de encuentro para lograr un gran pacto de país para conseguir una gestión más eficaz en materia de vivienda», ha valorado el consejero, que ha enumerado aspectos a afrontar como la pobreza energética, la carencia de oferta suficiente de hogares en alquiler o la adaptación del parque a los nuevos modelos de unidades convivenciales y estilos de vida.

Para lograr alcanzar las metas, el pacto prevé seis líneas de actuación prioritarias, con directrices para ponerlas en marcha. Entre ellas la principal será afrontar una «mayor inversión en vivienda apoyada en una fiscalidad incentivadora»; «seguir profundizando en la dimensión social de la política de vivienda y conseguir una mayor integración de la política de vivienda con el resto de políticas sociales (servicios sociales, juventud, mayores, discapacidad, igualdad, empleo...). También «generalizar la inclusión de la vivienda en la agenda estratégica municipal, poniendo en marcha una línea de apoyo a la elaboración de planes locales de vivienda; «conformar un sector de la construcción atractivo, competitivo e innovador, apoyando la capacitación y el desarrollo del talento en el sector y sus proyectos de innovación, y favoreciendo el acceso de más mujeres al mismo».

Además, el acuerdo también incidirá en la «colaboración público-privada-social, poniendo en marcha y dinamizando un Foro de la Vivienda como espacio estable de participación y colaboración entre los agentes comprometidos a través del Pacto e impulsando procesos de participación ciudadana». Por último, también apuesta por el empleo de las tecnologías a través del empleo de «la inteligencia de datos y evaluación avanzada, reforzando e institucionalizando el papel del Observatorio Vasco de la Vivienda».