Euskadi necesita 40 nuevos jueces y fiscales para aliviar el atasco de sus juzgados

La situación de la Justicia ya era muy delicada y de momento nadie es capaz de medir el efecto que tendrá la ola de movilizaciones. Pero los profesionales del sector subrayan que se sienten maltratados por los distintos gobiernos e insisten en que así no podían seguir. «La huelga es la última salida que teníamos porque sabemos que hace daño a los ciudadanos. Y no es sólo un problema económico. Sobre todo es una cuestión de dignidad», insiste Alfonso Álvarez-Buylla, representante en el País Vasco de la asociación judicial Francisco de Vitoria, en declaraciones a EL CORREO.

La revuelta de las togas arrancó con la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que ha tenido un efecto dominó en el resto del sector. Los funcionarios, primero, y los jueces y fiscales, después, se han levantado contra el Gobierno central después de que el Ministerio de Justicia decidiese subir el sueldo a los letrados judiciales en unos 420 euros al mes tras casi dos meses de paros indefinidos.

Este acuerdo ha sido la gota que ha colmado la paciencia del resto de actores judiciales, que se sienten discriminados. Siguiendo los pasos de sus compañeros, los funcionarios ya han desarrollado diversas huelgas. También los abogados del turno de oficio han empezado a movilizarse. Y esta semana ha llegado el turno de la gran mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, que exigen mejoras en sus condiciones laborales con la amenaza de una huelga el próximo 16 de mayo, en plena campaña electoral.

Todos los focos están colocados sobre las mejoras salariales. «Si somos un servicio esencial, que se nos retribuya como tal», apunta Álvarez-Buylla. El pasado miércoles el Ejecutivo trató de frenar los paros con una primera oferta de 44,5 millones de euros. La proposición fue rechazada, pero ambas partes mostraron buena disposición y se citaron para mañana en un nuevo encuentro de la Mesa de Retribuciones. Los funcionarios, en cambio, se muestran «muy dolidos» con el Gobierno porque ellos -la parte «más débil» del engranaje judicial- son los únicos que no tienen todavía una propuesta, según explican fuentes de CC OO.

La revuelta de los togados es un problema que se ha ido gestando a fuego lento. Las asociaciones ponen el acento en que el Gobierno lleva años sin atender las demandas de jueces y fiscales, que han perdido más de un 20% de poder adquisitivo en dos décadas y un 4,7% del salario base desde mayo de 2010. También se quejan de que en juzgados medianos o pequeños -como el de Getxo- las guardias de semana completa se pagan a menos de un euro la hora, explica Emilio Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en el País Vasco, la mayoritaria.

Las distintas fuentes consultadas por este diario insisten en que los sueldos son sólo una parte del problema de fondo. Sobre todo en Euskadi, donde jueces, fiscales y letrados de justicia ganan más que en la mayor parte de España gracias al complemento de unos 500 euros que se estableció en la época en la que ETA empezó a asesinar a miembros de la judicatura.

Lo que ha hecho saltar por los aires la paz social de los salas es la «falta de respuesta» de los distintos gobiernos a problemas estructurales que llevan años arrastrándose. «No hay suficientes medios materiales y personales para ofrecer una Justicia de calidad», apunta Augusto Maeso, representante de Jueces y Juezas para la Democracia en Euskadi. Una magistrada vasca explica de manera gráfica el malestar que lleva años creciendo en el sector: «Los jueces y fiscales estamos en tierra de nadie. No tenemos los derechos de los funcionarios. Pero tenemos una gran responsabilidad, metemos muchas horas fuera del juzgado y tampoco tenemos los medios para trabajar ni los beneficios de los otros poderes del Estado. Nosotros nos tenemos que pagar hasta las togas», apunta.

En declaraciones a EL CORREO, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, subraya que la «base» del conflicto no es retributiva y pone precisamente el acento «en el déficit de inversión pública» en Justicia, lo que provoca cargas de trabajo «inasumibles» y, por extensión, problemas en los tiempos de respuesta de los juzgados. Subijana explica que hay cinco juzgados vascos con una carga de trabajo superior al 130% y que las pocas plazas que el Ministerio crea cada año (este ejercicio serán dos en Euskadi) no sirven ni para cubrir el crecimiento vegetativo.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, apunta que la Justicia «nunca ha sido la materia mejor tratada» por las administraciones. «La inversión en medios materiales es absolutamente necesaria para que la prestación del servicio público de justicia sea el que demanda la sociedad», explica la máxima representante del Ministerio Público en Euskadi. Pero igual de importante -advierte- es la «inversión en medios personales, tanto por razón de número como de retribuciones adecuadas».