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En 1988, la higiene bucodental de los jóvenes en Euskadi era muy preocupante. Nueve de cada diez menores de 14 años tenían caries. Y al ... menos en cuatro dientes de media. El Gobierno vasco decidió entonces, además de implantar un programa de atención dental (PADI) hasta los 15 años, copiar una medida que ya funcionaba en Estados Unidos o Gran Bretaña: añadir el flúor, un mineral eficaz para evitar que los dientes se piquen, al agua potable de las redes de abastecimiento, de modo que así llegase a toda la población. Esta práctica, que se generalizó en 1989 en Álava, en 1994 en Gipuzkoa y un año después en Bizkaia, toca a su fin y el Departamento de Salud ha iniciado los trámites para derogarla. Sus responsables consideran que su efectividad ha caído mucho al mejorar los hábitos higiénicos de la ciudadanía, aunque no lo tengan tan claro los dentistas, que plantean mantenerla al ser «la única medida preventiva universal que existe, así como la más eficaz».
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La propia directora de Salud Pública y Adicciones, Itziar Larizgoitia, avala la decisión del Gobierno vasco en un informe fechado el pasado mayo. En el escrito remarca que, según un estudio realizado entre los escolares vascos, de aquellas cuatro caries por joven de hace más de tres décadas se ha bajado ya a 0,56. Además, el 80% de los casos se concentran en el 15% de la población escolar, ya que el resto se cepilla los dientes entre una y dos veces al día.
Esta mayor higiene de la población es una de las razones principales que esgrime la responsable autonómica para avalar la eliminación de la fluoración de las aguas. De hecho, remarca que varios estudios cifran hasta en un 26% la reducción de la caries gracias al uso de productos como pasta dental fluorada, geles o enjuagues bucales. Por contra, al flúor en el agua potable solo se le atribuye ya un 15% de incidencia, con lo que cada vez hay menos diferencia entre las aguas a las que se les añade artificialmente este elemento y las que no.
Larizgoitia reconoce así que empieza a haber un déficit de «eficiencia» en la medida que pone en entredicho su aplicación. Y no ya en términos sanitarios, sino al comparar el coste del tratamiento y su «escaso beneficio».
Estos argumentos, por otra parte, incluyen también un problema de «orden ético». Si ya no es tan efectiva, quizá no debería mantenerse la «obligatoriedad de la fluoración a la totalidad de la población». De hecho, la mancomunidad de Aguas de Añarbe, que abastece a San Sebastián y a otras diez localidades guipuzcoanas, ya paralizó esta práctica el pasado enero. Sigue, sin embargo, activa en Vitoria y también en el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, que ayer aseguró ajustarse a la legislación vigente y, solo si hubiera «cambios normativos, nos plegaremos a ellos».
El Gobierno vasco ya intentó el año pasado derogar el decreto de 1988 que obliga a esta fluoración a los municipios vascos de más de 30.000 habitantes. La pandemia, sin embargo, paralizó la tramitación, que ha reanudado este verano la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. El proceso está ahora en fase de alegaciones, en la que el Consejo Vasco de Dentistas ha mostrado su rechazo. Estos profesionales admiten que en la sociedad se ha abierto un debate sobre la conveniencia de mantener esta práctica, pero piden ser conscientes de que «si hemos llegado a los excelentes índices actuales -«de los mejores de Europa», matizan-, en buena parte es por su aplicación durante estos años.
En cualquier caso, los dentistas plantean al Gobierno vasco que, si sigue adelante, explique bien a la población y a los responsables sanitarios las razones de esta suspensión. Y, sobre todo, exigen «monitorizar la situación para detectar posibles variaciones en los indicadores de salud bucodental».
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