Euskadi creará 7.000 nuevas viviendas protegidas de alquiler durante los próximos cuatro años

Euskadi está inmerso en una crisis del sector de la vivienda y las instituciones, «conscientes de la problemática» y de que «tiene una solución difícil», trabajan para poner solución a esta realidad, que afecta «sobre todo a jóvenes, inmigrantes y personas vulnerables» con pocos recursos, un colectivo este último que parece que va en aumento. «Para solucionar el problema hay que admitirlo y reconocer que efectivamente lo tenemos. Y euskadi lo lleva diciendo mucho tiempo», ha insistido el lehendakari. «Es un problema con solución complicada en el que estamos trabajando desde el primer día».

«Asistimos a un cambio cultural» y eso «hace que se necesite un mayor número de viviendas para dar respuesta a un mismo número de población. Si a todo esto añadimos que Euskadi ha diagnosticado que necesita crecer en población y rejuvenecer su base productiva es de esperar que el problema siga creciendo», ha dicho Itxaso. «Y eso nos impele a abordar nuevas políticas para un tiempo nuevo, con claves diferentes». Si a esto se le suma que «el mercado está ejerciendo una presión insoportable sobre la vivienda como bien de consumo, cuando no es solo un bien de primera necesidad», tomar riendas en el asunto resulta más innecesario que nunca. En este contexto surge el foro social de vivienda, de carácter permanente, como parte «esencial» de la estrategia del Pacto Social por la Vivienda vasco.

¿Pero en qué consta exactamente este pacto? «En habilitar un arsenal de medidas a dirigidas a dar respuesta a esa necesidad social de primer orden y movilizar recursos», en palabras del nuevo consejero de vivienda, «sin perder de vista que en la actualidad el impacto de las arcas públicas de las diferentes políticas de vivienda en Euskadi se aproximan a los 900 millones de euros anuales, el 1% del PIB vasco». Entre otras medidas, el pacto de Gobierno Vasco incluye «la incorporación de 7.000 nuevas viviendas protegidas para esta legislatura, la intervención en el mercado para la compra pública de vivienda y su incorporación al parque de vivienda protegida, la declaración de zonas tensionadas para poder poner coto al incremento desmesurado de los precios del alquiler, que puede llegar a beneficiar al 68% de la población residente en los 43 municipios que pueden buscar el amparo de esta figura, 1,5 millones de personas», así como «ampliar el rango de ingresos máximos que permiten acceder a una vivienda de protección pública o promover una línea de avales por parte del Gobierno Vasco»

Como objetivo a largo plazo, además, Euskadi busca terminar el año 2036 con más de 50.000 pisos en alquiler social, más de 116.000 en alquiler protegido y más de 350.000 rehabilitadas, según ha anunciado Yoldi, que ha recordado que «el Gobierno Vasco, desde que asumió la materia de Vivienda, ha terminado y ha entregado más de 108.000 pisos de protección pública. Eso significa que durante 42 años, una de cada tres viviendas que se han terminado se han hecho desde la iniciativa pública, con la participación de la privada. No solo eso. Estos porcentajes los seguimos manteniendo, si bien la producción de alquiler la iniciamos en 2022 porque hasta entonces los ciudadanos querían comprar. A partir de ese año hemos producido más de 12.000 viviendas de alquiler y Euskadi ha producido el 16% de todas las viviendas protegidas de España. Además, el 22% de las actuaciones de rehabiltiación de España se han hecho también aquí». Pero lo que ocurre es que «el mercado nos ha superado»..