Euskadi asume la gestión de la acogida de migrantes con protección internacional

El traspaso no supone ni mucho menos que el Gabinete de Imanol Pradales tenga en sus manos los procedimientos de asilo ni la gestión de los centros de acogida a refugiados; las principales atribuciones en este sentido seguirán siendo estatales. Pero, según informó ayer el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, el traspaso de una parte de la atención contribuirá a reforzar lo que denominan 'modelo vasco de acogida'.

Esta competencia implica que será esta consejería la encargada de diseñar de manera integral los procesos de inclusión de estas personas en la fase de autonomía, la que llega después de los periodos iniciales de valoración y acogida, en las que se cubren las necesidades básicas de los demandantes de protección. Esta fase tiene una duración de seis meses, en los que se prestará apoyo a estas personas para acceder a la formación para el empleo. De forma paralela, se les acompañará en la búsqueda de vivienda y se les facilitará participar en actividades de inserción para promover que, poco a poco, alcancen una independencia de los recursos de protección social.

Estos «itinerarios completos de inclusión e inserción» se llevarán a cabo en colaboración con seis entidades del tercer sector con amplia experiencia en la materia. Se trata de Accem, Cruz Roja, Movimiento por la Paz y la Libertad (MPDL), Cear, Nueva Vida y la Fundación San Juan de Dios, que trabajan desde hace años en la acogida a refugiados en el marco del sistema estatal.

De momento, se han liberado para asumir esta transferencia 2,4 millones de euros. Esa es la cantidad en la que se valoró el coste en el acuerdo firmado por ambos gobiernos a comienzos de año. Según los datos hechos públicos por la consejería que dirige Nerea Melgosa, a fecha del pasado noviembre había en el sistema de acogida dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones 49 unidades de convivencia en Euskadi, que suponían 121 personas.

Aunque reconocen la «dificultad» de hacer una previsión a futuro, el departamento sí maneja algunas estimaciones. Calculan, en ese sentido, que a lo largo del 2025 atenderán con las entidades sociales a «entre 150 y 300 personas».