Euskadi asume Costas y controlará las playas yel litoral desde abril

El traspaso se produce en un contexto en el que Costas está de actualidad por realizar una obra sin autorización en la plaga de Laga y cuando su papel puede ser determinante en la construcción del Guggenheim de Urdaibai o la hipotética recuperación de la central de Lemoiz. Desde el próximo martes, el Gobierno vasco será el encargado de vigilar el dominio público marítimo-terrestre: las playas, el litoral y el mar territorial -hasta 12 millas- así como sus recursos naturales. Gestionará las autorizaciones para instalaciones desmontables, por ejemplo los chiringuitos que se plantan en verano junto a los arenales. Deberá vigilarlas y en su caso, interponer y cobrar las multas. También podrá otorgar, renovar, prorrogar o extinguir las concesiones demaniales, las que se otorgan para instalaciones fijas que se aprovechan de un espacio público, como los edificios. Eso sí, notificará a la Administración General del Estado cada solicitud para que emita su criterio y, en caso de discrepancia, negociarán.

También serán de su competencia las concesiones que posibiliten la ejecución de obras fijas en el mar o embarcaderos, pantalanes o varaderos que no formen parte de un puerto. El Gobierno vasco será responsable, asimismo, de los permisos para efectuar vertidos o instalar explotaciones de acuicultura, y para obras o instalaciones desmontables pero que vayan a permanecer más de 4 años. Además, Euskadi podrá ejecutar obras que no sean de interés general en el dominio público.

Para todo ello, la comunidad asumirá los actuales medios del Gobierno central: una flota de tres vehículos, un aparcamiento en arrendamiento en el Paseo del Arenal y 14 empleados, de los que 10 son funcionarios y cuatro, personal laboral. Además, el Ministerio transferirá 218.876 euros en un pago único.

La Administración del Estado, mientras, seguirá fijando los cánones por la utilización del dominio público marítimo-terrestre y se quedará con estas tasas, y podrá extinguir concesiones demaniales por interés superior. Ambas administraciones deberán ponerse de acuerdo en la construcción de nuevos puertos y vías de transporte o en la ampliación de los existentes, y cuando el Estado emita informes desfavorables.