Euskadi aspira a que para 2030 ninguna mujer bajo protección sea asesinada

Así lo recoge el borrador de la 'Estrategia para la Igualdad de Mujeres y hombres 2030 en la CAE', aprobada ayer en una reunión del Consejo de Dirección de Emakunde en la que participaron el lehendakari, Iñigo Urkullu; la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa; y la directora del instituto, Miren Elgarresta. Hasta ahora, los siete anteriores planes de este organismo se circunscribían a cada legislatura, pero con el nuevo documento, que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno, quieren extender el plan a un horizonte temporal más amplio para dotarlo de mayor coherencia.

Y es ahí, en ese texto, en el que, entre las once metas principales que se recogen, se encuentra la de evitar muertes de vascas que ya están dentro del sistema. El consejero de Seguridad, Josu Erekoreka, anunció en noviembre que se iban a modificar los protocolos policiales para llegar mejor a las víctimas.

La estrategia de Emakunde es más genérica y plantea «incrementar la eficacia y calidad de los servicios, espacios y herramientas que se utilizan para la atención y protección policial», así como «mejorar la dotación de los recursos de ámbito jurídico y judicial, evitando la revictimización de las mujeres y de sus hijas e hijos». También esperan que, para dentro de seis años, todas las «niñas, adolescentes y mujeres víctimas de cualquier manifestación de la violencia machista» reciban una atención «prioritaria, personalizada, integral, especializada, gratuita, accesible y de calidad» desde los servicios públicos.

Además de la meta de evitar más muertes, el borrador apunta como prioridad la reparación del daño. En este caso, la Administración vasca debería «garantizar» que las supervivientes reciban «ayudas económicas en los supuestos de impago de indemnizaciones». Otro de los objetivos, más etéreo pero básico para avanzar en materia de igualdad, pasa por «conseguir que todas las personas residentes» en la comunidad autónoma «consideren inaceptable la violencia machista».

Se impulsará asimismo un incremento progresivo en las cuantías económicas para el desarrollo de políticas de igualdad en el Gobierno vasco que alcance «al menos un 1,5%» del gasto total consignado en los Presupuestos Generales. Y, de forma paralela, trabajarán para que «todas» las instituciones públicas dispongan de «unidades de igualdad» dotadas tanto de fondos como de personal. Los trabajadores públicos relacionados con la lucha contra la desigualdad recibirán una formación «básica, progresiva, permanente y obligatoria».

Con ello quieren conseguir desarrollar políticas que contribuyan a reducir para 2030 «al menos a la mitad» la brecha de género en la realización del trabajo doméstico y de cuidados, que recaen en el 67% de los casos en mujeres. Y también buscan disminuir en cinco puntos la brecha salarial, un compromiso recogido con anterioridad en otros planes del Ejecutivo autonómico.