Euskadi ampliará a las familias con ingresos de hasta 19.000 euros las ayudas al alquiler

Para recibir la ayuda unificada se exigirán las mismas condiciones que para ser beneficiario de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Esto es, unos ingresos inferiores a 13.000 euros anuales para hogares con un miembro, 17.000 si son dos y 19.000 con tres o más. Se trata de unos requisitos idénticos a los que existen ahora para los perceptores de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), vinculada a la RGI, pero mejoran los que deben cumplir quienes optan a la Prestación Económica de Vivienda (PEV), que se concede con ingresos inferiores a 9.000, 12.000 y 15.000 euros, respectivamente.

En estos momentos, la PCV se concede como suplemento a los beneficiarios de la RGI que viven de alquiler y la gestiona el Departamento de Empleo, mientras que la PEV la otorga la consejería de Vivienda a aquellas unidades convivenciales a las que se les ha reconocido el derecho subjetivo a una vivienda pero que no pueden acceder a un piso de alquiler social porque las administraciones públicas no disponen de alojamientos suficientes.

La unificación de ambos programas se llevará a cabo a través del decreto que desarrolla el derecho subjetivo a una vivienda en Euskadi -establecido en la ley vasca de vivienda de 2015-, que el departamento que dirige Iñaki Arriola (PSE) prevé aprobar en septiembre para que entre en vigor en enero de 2024. Además de la fusión de las ayudas, otra novedad del decreto será que las cuantías se actualizarán de forma automática cada año del mismo modo que lo hará la RGI.

Los términos del decreto fueron detallados ayer en San Sebastián por el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Ejecutivo autonómico, Mario Yoldi, durante su intervención en un curso de verano de la UPV sobre el derecho a la vivienda organizado por el Ararteko, Manuel Lezertua.

Yoldi admitió que el parque inmobiliario de que disponen las administraciones vascas para garantizar una vivienda con renta asequible es «insuficiente» para cubrir la demanda, a pesar de que «Euskadi es la comunidad que más viviendas sociales inicia en relación a su población, y la segunda, tras Andalucía, en números absolutos». «En Euskadi existen 26.000 viviendas públicas de alquiler, de las que 16.000 son del Gobierno vasco; iniciamos 1.000 cada año y captamos otras 2.000, lo que nos permite adjudicar 3.000 pisos cada año a familias necesitadas», defendió. Las personas en régimen de alquiler social pagan un máximo de 300 euros al mes y la media es de 233 euros, aunque hay en torno a mil casos «especiales» de familias en situación de gran vulnerabilidad que abonan 75 euros.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a abril, desde la entrada en vigor de la ley vasca de vivienda, el Ejecutivo ha reconocido el derecho subjetivo a una vivienda a 7.924 familias, de las que a 3.903 se les ha extinguido al haber mejorado su situación. En consecuencia, hay 4.021 derechos reconocidos activos. Entre enero y abril de este año, el Gobierno vasco ha destinado 28 millones de euros a la PCV. En abril la cobraron 24.360 hogares (13.731 en Bizkaia, 5.770 en Gipuzkoa y 4.859 en Álava), con un desembolso de 6,8 millones.