Euskadi alcanza su récord de solicitudes de asilo al dispararse un 50% en apenas un año

A lo largo de 2023, pidieron asilo en los aeropuertos y las comisarías de la Policía Nacional españolas 163.220 extranjeros, una cifra de récord. A esto hay que sumar las 33.928 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania. El País Vasco fue la novena comunidad en la que se tramitaron más procesos, muy por detrás de otras como Madrid (52.684), Andalucía (25.948) y Cataluña (14.775), recoge el informe 'Más que cifras' de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Pero María Talavera, responsable del sistema de acogida de protección internacional en Cruz Roja Bizkaia, matiza que «Bilbao, igual que Sevilla y Valencia, son ciudades muy conocidas», por lo que atraen a muchas personas que piden asilo. Sin embargo, eso no significa ni mucho menos que se queden en el lugar en el que han iniciado las gestiones. Una vez realizado el manifiesto de voluntades, en el que expresan su intención de reclamar protección internacional (la entrevista se realiza en una segunda cita), entran en el sistema de acogida estatal, que distribuye a los demandantes de asilo en función de sus perfiles y de las plazas disponibles.

En el País Vasco, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Prestaciones dispone de 1.242 plazas, un 4,4% del total. La mayoría están en Andalucía (5.947), Cataluña (4.383) y Madrid (3.707). Al margen de ellas, hay otras 175 (ampliables a 195) financiadas por el Gobierno vasco dirigidas a personas que quedan fuera del sistema estatal o que se encuentran a la espera de entrar en él pero en ese momento no hay plazas disponibles.

Talavera distingue, a la hora de hablar de protección, entre las diferentes figuras. Los ucranianos tienen un régimen especial, el de la protección temporal. Para el resto de solicitantes de asilo lo más garantista es el estatuto de refugiado, que no caduca. Está la protección por razones humanitarias, que conlleva un permiso de residencia y trabajo que se renueva de forma anual y la protección subsidiaria, con una validez (que puede prorrogarse) de cinco años. Obtener una u otra depende de lo que estime la Oficina de Asilo y Refugio, vinculada al Ministerio del Interior. Y pese a que «se deberían analizar las solicitudes de forma individualizada», señala Chacón, las concesiones y la tipología de las mismas van «por nacionalidades».

El pasado año, a nivel estatal (los datos no están todavía disponibles por autonomías), el 99,7% de los venezolanos obtuvieron una resolución favorable, mayoritariamente por razones humanitarias, mientras que al 93,8% de los colombianos se les denegó la protección. Al 98,8% de las personas procedentes de Mali, donde hay «un conflicto que está muy estudiado y reconocido», se les aceptó la solicitud, a la mayoría bajo el paraguas de la protección subsidiaria. Pero «a quienes están llegando de Senegal se les rechaza sistemáticamente» (un 83,2%).

¿Y qué pasa con esas personas? «Tenemos diferentes recursos para acoger a quienes están en el limbo, fuera del programa, porque necesitan apoyo», señala Chacón. De hecho, insiste Talavera, y teniendo en cuenta las escasas solicitudes aceptadas, una de las prioridades es «preparar» a las personas que están en el sistema «para cuando se queden fuera» si es rechazada su petición. Por eso, explica la responsable de este servicio en Cruz Roja, trabajan en que consigan «un futuro arraigo social» para que, cuando no estén protegidos por la Ley de Derecho al Asilo no queden en situación irregular y cumplan con los requisitos para obtener la residencia que contempla la Ley de Extranjería.

El pasado año, 1.694 personas con nacionalidad rusa solicitaron asilo a nivel estatal frente a las 786 de 2019. El Ministerio del Interior se lo concedió a seis de cada diez. Dasha está a la espera de conocer la resolución de su expediente. Llegó a Euskadi el pasado verano, y ha tenido recientemente su segunda entrevista con la Policía Nacional, ya que «se tarda meses en conseguir una cita».

Esta joven huyó con su marido y sus dos hijos, de 11 y 6 años. «Cogimos un avión a España porque nos parecía un lugar en el que se iban a respetar nuestros derechos», recuerda. Casi un año después, asegura sentirse en el centro que el Gobierno vasco gestiona Zehar en Oñati «como en casa». Fue «duro dejar todo atrás, empezar una nueva vida desde cero». Pero no estaban seguros en Rusia. «Con la guerra la situación se puso mucho peor, estar allí era más peligroso, pero mi marido ya tenía problemas antes», explica. Su trabajo consistía en «comprobar que se cumplían los derechos humanos en las cárceles». «No mentía, decía lo que estaba mal, y le amenazaban», asegura. Residían además en una región «nacionalista, con nuestra propia cultura», y su pareja formaba parte de una organización que defendía esa singularidad. «Todos tuvieron que irse. Solo se quedó uno y está preso», lamenta.

Ella, licenciada en Comercio y Marketing, era propietaria de «una bonita tienda». Aquí, su licenciatura de momento no es válida (la está intentando homologar). Y aunque disponen del « papel blanco», que les acredita como solicitantes de protección internacional, deben esperar «seis meses» para poder trabajar.

Cuenta que no poseen «nada». Pero con ese «nada» se refiere a lo material. Porque sí tienen «amigos» y están rodeados, expone, de «gente que en la escuela, en la calle, nos ofrece ayuda». «Eskerrik asko», insiste. Los niños están además perfectamente integrados en el colegio y «se sienten bien». Ven en el País Vasco «un hogar», un lugar en el que «quedarnos» y en el que, cada día, sostiene, «soy un poco más feliz».

Emile Lamien era conductor de autobuses en Costa de Marfil. Tenía «una vida tranquila», que compartía con su mujer y sus dos hijos, una niña y un niño. Pero había muchos robos en su barrio. Él sabía quiénes los cometían y, un día, dio el paso de denunciarles ante la policía. Desde entonces sufrió «amenazas», una auténtica «persecución» que le obligó a abandonar su país. Porque no eran unos ladrones cualquiera. «Tienen gente en todas partes y les mandan las fotos de sus enemigos, así que me conocían en cualquier sitio y, si me quedaba, me mataban». Es una de las miles de personas que han solicitado asilo en España en los últimos años. Y también es una de las miles a quienes se lo han denegado.

Su viaje comenzó en Marruecos, donde estuvo nueve meses antes de poder cruzar el Estrecho. «Había dos opciones. El que tenía dinero podía pasar en una patera con motor y, el que no, en una con remos», recuerda. Él solo contaba con 200 euros -el traslado costaba 500-, así que se montó en una embarcación en Tánger, con otras 33 personas, impulsada por la fuerza sus brazos. «Es algo que no le aconsejaría ni a un enemigo». El trayecto, y el «miedo», duraron desde media noche hasta las 7.00 horas. Terminó cuando, cerca de la costa de Cádiz, les rescataron una embarcación de Salvamento y otra de la Guardia Civil, el 13 de julio de 2018.

El 11 de marzo de 2019 fue trasladado en el marco del sistema de acogida a Bilbao, con Zehar Errefuxiatuekin. Le concedieron «la tarjeta roja», que permite trabajar durante el tiempo que dura la tramitación de la solicitud de asilo, y empezó en octubre de 2020 como conserje en el centro de esta organización en Tolosa. Cuando le denegaron la petición, en agosto de 2021, le retiraron la autorización para tener empleo y se quedó en un limbo. Pudo reconducir su situación al pedir la residencia temporal por arraigo laboral, que exige haber permanecido en el país al menos dos años y haber trabajado más de 6 meses. Para ello tuvo que renunciar a seguir adelante con el recurso contra la denegación de su asilo. Ahora tiene un empleo en el centro de Zehar en Oñati, y la vista puesta en traer a su familia.