Euskadi tiene 152.878 empleados públicos, casi un 10% más que hace siete años

Aproximadamente el 60% de estos 152.878 empleados públicos son funcionarios, ya sean fijos o interinos. Hay policías, médicos, profesores, administrativos... El abanico es tan amplio como variopinto. Hay en Bilbao, por ejemplo, un solista de tuba y un profesor de clarinete. Estos datos numéricos reflejan el peso que las instituciones tienen en el empleo y en la actividad económica. Un protagonismo que cada vez resulta mayor. En siete años, este grupo de asalariados ha crecido casi un 10%. Para este 2022, Lakua prevé que, al menos, uno de cada diez nuevos puestos de trabajo generados dependan también de las instituciones.

En los próximos meses, la palabra OPE (Oferta Pública de Empleo, también conocida popularmente como oposiciones) va a estar muy presente en la vida de los ciudadanos de Euskadi. Solo el Gobierno vasco sacará 8.764 plazos a lo largo del ejercicio. Es una cifra muy relevante. En realidad, se trata de una de las más numerosas de su historia. Hay una razón por detrás: muchos de los procesos están orientados a subsanar la situación de los interinos, cuya elevada tasa ha propiciado un tirón de orejas por parte de la Unión Europea. Y también ir sustituyendo a quienes se jubilarán en los próximos años, una auténtica avalancha. Como ejemplo, cerca del 30% de los trabajadores sanitarios de la Atención Primaria tienen en la actualidad más de 60 años.

Así las cosas, todo apunta a que el número de personas que trabajan directamente para la Administración va a seguir creciendo, ya que también saldrán puestos de nueva creación en las próximas convocatorias. La primera de esas OPE se está celebrando este fin de semana en Vitoria y continuará el 2 y 3 de julio en el BEC. Están en juego 1.610 plazas fijas para Osakidetza. Se presentan 38.000 aspirantes. Convertirse en funcionario es una de las ilusiones de los vascos, sobre todo de los que acaban de llegar al mercado laboral. En 2020, el Consejo Vasco de la Juventud elaboró una encuesta entre 1.500 personas de entre 15 y 29 años. El 54% aseguró que había preparado oposiciones, estaba inmerso en algún proceso selectivo de este tipo o se había planteado inscribirse en alguno.

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«Trabajar en el sector público supone tener un sueldo bastante más elevado que en el sector privado, así como una menor presión laboral. También gozas de un buen calendario y horario. Y es un empleo para toda la vida, en muchos casos. Es un chollo», señala el abogado Javier Olaverri, que fue ponente en una comisión creada por las instituciones vascas para intentar optimizar el funcionamiento de la Administración y evitar duplicidades. Olaverri es muy crítico con la estructura pública vasca y no tiene pelos en la lengua. Asegura que este sector está sobredimensionado y resulta «caro» y «poco» eficiente. «Pero es un toro que ningún político, sea del partido que sea, está dispuesto a coger por los cuernos», concluye.

Hay más voces que alertan de un supuesto crecimiento excesivo del sector público. La patronal vasca, Confebask, ha advertido de que hay una descapitalización del talento. Asegura que faltan emprendedores y que muchos jóvenes extraordinariamente formados y brillantes optan por estudiar una oposición como primera opción sin dar una oportunidad de mostrar su valía en el mercado laboral. «Se da un proceso de funcionarización y de abandono de la vocación empresarial», se apuntaba en el último informe del foro empresarial Zedarriak.

Pero también hay voces que defienden lo público y avalan ese incremento en el número de personas que trabajan para la Administración en Euskadi. A juicio de la vicelehendakari y consejera de Trabajo, Idoia Mendia, el volumen de funcionarios de un territorio «responde al modelo de sociedad que queremos». La política socialista asegura que es una cuestión «como el debate fiscal: no se trata de subir o bajar impuestos, se trata de definir primero los servicios que queremos, y cómo queremos pagarlos. En la función pública, lo mismo: qué centros de salud queremos, qué escuelas, qué Lanbide… Y esos servicios necesitan empleados».

Insiste en que es «un debate sobre el modelo social». En su opinión, «lo que garantice derechos universales, como la Salud, la Educación o el Trabajo, debe estar cubierto por lo público». Porque, apunta, «las administraciones no fabricamos productos, sino que garantizamos derechos». La vicelehendakari elogia a todos los empleados públicos por su labor durante la pandemia: «Allí estuvieron no sólo los sanitarios, los docentes o las distintas policías, sino también el personal de Trabajo que no dejó un ERTE sin tramitar de forma inmediata, el de Lanbide que no dejó un solo expediente de RGI ni una sola ayuda a las empresas… Cuando las cosas marchan mejor siempre hay voces pidiendo aligerar lo público, pero, a la hora de la verdad, sin negar todos los esfuerzos del sector privado, los derechos esenciales son garantizados por lo público».