En España hay un millón más de personas en exclusión social que hace una década

«Esos 6 millones al filo de la navaja entran y salen de sus puestos de trabajo y podrían caer en ese espacio de exclusión», afirma Guillermo Fernández, coordinador del VIII Informe Foessa. «No hablamos en realidad de la miseria de la gente que duerme en un banco de la calle. Puede ser una persona mayor que se rompe una pierna, una mujer que tiene que dedicarse a la prostitución, un hogar con cuatro niños sin un deterioro humano pero sí dependiente de un empleo precario que les impide hace frente a una hipoteca, cuatro jóvenes a los que suben el alquiler del piso o un trabajador que tiene que hacer frente a una emergencia bucodental. Son situaciones variadas que llevan al espacio de la exclusión social. Los tenemos cerca».

El informe Foessa se desborda de titulares: En España viven 8,5 millones de personas en exclusión social, lo que significa que hay 1,2 millones más que en el periodo del 2007-2008; casi la mitad está en exclusión social severa, es decir, que habita viviendas inadecuadas, su desempleo es persistente y es invisible para el poder político. En ese grupo hay hasta un 75 % de abstención, por lo que su voz desaparece de la agenda política. Esto ahonda en la exclusión. Además, el alquiler ha subido 30% en estos años, lo que constituye hoy el factor principal de expulsión: que el derecho a una vivienda digna sea inaccesible.

Dos millones de españoles viven en la incertidumbre de quedarse sin vivienda de un día para otro y un 11% de la población vive en pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda. Además, un 14% de las personas que trabajan están continúan en el baremo de la exclusión social, a pesar de su esfuerzo diario. «Estamos en una sociedad estancada, donde el aspersor de la movilidad social ya no funciona», dice Fernández, que alerta del «pack mortal»: el 37% de los excluidos de empleo lo están también de vivienda. Cada cifra es una persona con una cicatriz sin cerrar.

Por la gravedad de sus dificultades, 1,8 millones de personas han sido expulsadas de la sociedad. «Son los que tienen problemas tremendamente graves y acumulados, como enfermedad, desempleo, préstamos, deudas, pérdida de ayudas, ruptura de lazos familiares, conflictos, consumo de sustancias. Una espiral que genera la exclusión social más grave», prosigue Fernández. «Ellos no se expulsan de la sociedad. Lo hacemos nosotros. No es un tema de voluntad. Las personas no quieren estar ahí, sino que los mecanismos sociales son muy débiles».

Este capítulo del informe Foessa se basa en 29.000 encuestas y busca identificar los detalles que escapan a los datos de la macroeconomía. Sobre todo visibilizar a las personas que «se alejan de la participación social y del espacio central, con dificultades para ejercer sus derechos y llegar al mercado laboral y a la protección social», explica Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa. «Eso no se puede medir con una simple tasa de pobreza. Reconocemos su utilidad, pero usamos 35 indicadores para medir el empleo, el acceso a la vivienda, la participación política, la soledad, los lazos sociales, los conflictos».

Los autores del informe identifican tres momentos «esenciales». Uno en 2007, previo a la crisis, otro en 2014, cuando la exposición era máxima, y ahora cuatro años después de aquello. «Hay una época nueva pero no un cambio de modelo», dice Flores. «Hemos roto consensos básicos y se advierten peligros que impiden avanzar, con tres barreras: el auge del individualismo, la utilización de la lógica de mercado como referente técnico y moral, y la desconfianza en lo político e institucional». «Estamos construyendo una sociedad desigual», ratifica Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas. «En lo estructural llama la atención la fragmentación social a costa del debilitamiento de los derechos sociales. Denunciamos que la contienda política desplaza lo social a los márgenes del debate». Márgenes donde está el 18,4% de la población actual, dos puntos porcentuales más que hace una década.