La Ertzaintza privatizará las pruebas de ADN por el colapso en su laboratorio

David S. Olabarri

Martes, 17 de abril 2018, 00:30 | Actualizado 08:26h.

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El Departamento vasco de Seguridad ha abierto un concurso público para subcontratar «de forma temporal» los análisis de unas 4.000 muestras de ADN, correspondientes a miles de delitos, ante la imposibilidad material de «darles salida» en los laboratorios de la Policía Científica de la Ertzaintza. El número de evidencias pendientes de analizar ha crecido de forma exponencial en los últimos años -en la actualidad rondan las 15.000- por varios problemas. Fundamentalmente dos: la entrada en funcionamiento de los nuevos grupos de Inspección Ocular y las renuncias de ertzainas especializados, que han dejado tocada a una unidad capital en la resolución de delitos pero que, en términos generales, no se siente «reconocida» por el Ejecutivo autonómico.

Desde la consejería de Seguridad rechazaron que sea una «privatización» del servicio. Según dijeron, se trata de una «subcontratación temporal». E insistieron en que esta licitación, que asciende a los 800.000 euros y que tendrá una duración de dos años, es una medida que se aplicará junto a otras iniciativas -está planteándose ampliar la unidad con agentes en comisión de servicios- hasta que se pueda «normalizar el flujo interno de análisis de ADN». También rechazaron que obedezca a algo «excepcional», en la medida en que esta idea también ha sido utilizada por otras fuerzas de seguridad. Por ejemplo, la Guardia Civil. Es más, en 2005 el antiguo Departamento vasco de Interior ya tuvo que contratar a laboratorios privados para analizar muestras genéticas después de que un fallo informático bloquease una de sus principales herramientas.

Las fuentes policiales consultadas por EL CORREO señalan que el retraso en el laboratorio, que no ha hecho más que crecer en los últimos meses, equivale a dos años de trabajo. Las carpetas acumuladas, en todo caso, no corresponden a los delitos más graves, como homicidios, robos con violencia y agresiones sexuales, que son considerados estratégicos y cuya investigación siempre es prioritaria. Desde el Departamento de Seguridad advirtieron, a este respecto, que estos crímenes seguirán siendo analizados en los laboratorios de la propia Policía, pero reconocieron que «a día de hoy no es posible» dar salida a todas las muestras sin recurrir a un «expediente de subcontratación».

Una de las principales razones del atasco en el laboratorio de la Científica reside en el aumento de las evidencias genéticas recogidas por los nuevos grupos de inspecciones oculares comarcales, que se crearon a mediados de 2014 como un espacio intermedio entre las unidades de investigación de las comisarías -que se suelen ocupar de los casos menores-, y de las unidades más especializadas, como las territoriales o las inspecciones oculares que realiza la propia Policía Científica.

El otro problema de fondo ha sido la renuncia de varios de los agentes que llevaban años en esta unidad, cuyas aportaciones resultan clave a la hora de decantar el veredicto de un juicio. Muchos de las bajas voluntarias se han producido porque los miembros de la Policía Científica en general no se sienten valorados. En la actualidad, sólo hay 5 personas que puedan firmar informes y defenderlos ante un tribunal. Entre las razones para dejar su puesto critican que para acceder a esta unidad no haga falta tener una titulación específica -por ejemplo Biología en el caso de Genética forense-. Este detalle -insisten- evita que les sea reconocida la especialidad, pero luego, en la práctica, la inmensa mayoría de los que superan los exigentes temarios y acceden a estos puestos son, precisamente, licenciados. «Es como si en Osakidetza se considerase a todos celadores para luego aprovecharse de los que tuviesen estudios en Medicina», explica un agente.

El sindicato ELA se mostró ayer muy crítico y denunció el «contrasentido» que, a su juicio, supone que el departamento no exija titulación en la Científica, pero sí lo haga, por ejemplo, «para las plazas de marinero en la Sección Marítima». También pidieron que, «en vez de malgastar dinero público» con una medida que va a suponer un «parche», dedique esta suma a aumentar la dotación de personal de la sección. La central Erne también censuró la «privatización» y defendió que con la mitad de los 800.000 euros se podría contratar a varios ertzainas más o personal laboral.