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La Ertzaintza deberá enviar siempre a los jueces las «imágenes» de las cámaras de seguridad, ya sean de titularidad pública o privada, cada vez que sus agentes hagan «uso de la fuerza» durante una detención. La Policía autonómica también remitirá a la autoridad judicial el ... contenido de las cámaras, «con independencia de que hayan grabado o no la intervención», cuando los ertzainas arresten a una persona acusada de atentado contra la autoridad, desobediencia o resistencia.
La «obligatoriedad» de enviar siempre el contenido de las cámaras de seguridad a los jueces -con independencia de que los magistrados lo hayan solicitado o no- forma parte de una orden dictada por la dirección de la Ertzaintza, que ha derivado en la modificación del proceso de detención de la Policía vasca. La decisión de modificar este protocolo interno -que se suma a otra serie de medidas- nace de las recomendaciones realizadas por la nueva Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco.
Este organismo, que tiene «autonomía funcional» dentro del Departamento de Seguridad, planteó a la Ertzaintza una serie de «medidas correctoras» después de analizar una actuación policial en la que dos jóvenes sufrieron una agresión a manos de unos agentes durante su arresto en el barrio de San Francisco en Bilbao en junio de 2021. Esta investigación arrancó a raíz de una denuncia puesta por los propios agentes contra los detenidos, a los que acusaban de atentado contra la autoridad. Como adelantó EL CORREO, el juez la archivó después de ver las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona y, en paralelo, decidió abrir un nuevo procedimiento penal -esta vez, por la actuación de los ertzainas- que recayó en otro juzgado. Sin embargo, este otro juzgado dio carpetazo a la causa penal, ya que de las imágenes del vídeo «no se desprende que los hechos alcancen la gravedad que exige» un delito contra la integridad moral.
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A pesar del sobreseimiento judicial, la Comisión de Control criticó a la Ertzaintza el pasado octubre por no haber abierto una investigación interna, por no reflejar de manera apropiada en el atestado lo que realmente ocurrió en aquella operación y por mostrar «un patrón de conducta dirigido a impedir el control objetivo sobre la actuación policial».
En este contexto, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, envió a la comisión un escrito en el que agradece su labor dirigida a «reforzar la legitimidad y confianza de la ciudadanía» en la actividad policial y en el que anuncia una serie de medidas. Además de modificar el protocolo de detención, también se van a «revisar» los contenidos formativos para «reforzar» las «buenas prácticas» y para «fortalecer el autocontrol frente a las faltas de respeto» que reciben los agentes.
Según el escrito al que ha tenido acceso este diario, también se ha suscrito un convenido con la UPV-EHU para el «desarrollo de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y poderes públicos».
El informe de la Comisión de Control, que preside el expresidente del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra, subraya que la actuación investigada «presenta características que pueden afectar negativamente a la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad e integridad de la actuación policial». En este sentido, apuntó que las cámaras individuales pueden «incrementar las garantías de objetividad» de la actuación policial. A este respecto, el escrito enviado por el vicelehendakari apunta que el proyecto para equipar a los agentes con las denominadas 'bodycams' se encuentra ya en «fase de contratación» tras la finalización del «proyecto piloto» realizado por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco en las comisarías de la Ertzaintza de Bilbao, Vitoria e Irún.
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