Un error que borra 491 años de cárcel para una banda que traficaba con mujeres en Euskadi

Todo como consecuencia de un defecto de forma durante la instrucción que abocó al tribunal a invalidar los dos últimos años de diligencias. Un auto este que, en la práctica, erosionó el relato que la Fiscalía consideraba lo suficientemente sólido como para solicitar siete condenas de entre 4 y 158 años de cárcel. Sin embargo, el fiscal ayer se vio forzado a una propuesta de conformidad mucho más liviana: un procesado absuelto, un condenado a tres meses de prisión (conmutados con una multa de 1.068 euros), otro a seis meses, y el resto a sendas penas de tres años, cuatro años y 6 meses, cinco años y cinco años y medio. En total, 18 años y 6 meses de privación de libertad. 491 años y medio menos de lo solicitado, después de que se haya aplicado diversas atenuantes como la de dilaciones indebidas, reconocimiento de los hechos y, en el caso de una de las acusadas, consumo de estupefacientes.

Los seis castigados son condenados por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y solo los cuatro con penas más altas lo son también por uno o dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La felicidad se dibujó en los rostros de cada uno de los siete encausados, cinco hombres y dos mujeres, tras conocer una propuesta de conformidad sensiblemente más beneficiosa. Máxime cuando solo los tres con penas más altas –dos varones y una mujer– permanecían en prisión provisional desde diciembre de 2019, con lo que han cumplido ya casi cuatro años a la sombra. Solo dos hombres permanecerán aún en prisión, mientras la mujer deberá someterse a un tratamiento contra la drogadicción.

Tras la lectura de una propuesta de conformidad tan inesperada al inicio del proceso, el presidente del tribunal se dirigió a todas las partes para «felicitarles» por haber llegado «a un acuerdo en un tema tan complejo y delicado». Tanto, que ninguna de las defensas, algunas con tres décadas de experiencia, había conocido un caso semejante, con un escenario cambiante cada día.

De los siete acusados, cinco son venezolanos, presuntamente vinculados con el contacto con las víctimas y/o el posterior control en varios pisos. Los otros dos son españoles: un piloto de aviación ahora absuelto de la acusación de gestionar billetes de avión con descuento para las víctimas, y el titular de un hotel rural burgalés, que presuntamente facilitaba reservas de habitaciones para simular que las mujeres venían a España a hacer turismo.

El juicio arrancó el jueves pasado, cuando se conoció que tanto el hostelero –que se enfrentaba a 4 años entre rejas– como uno de los venezolanos –para el que se pedían 69 años– habían acordado declararse culpables a cambio de una rebaja penal. Más llamativo aún fue que las defensas pidieran la nulidad de parte de las actuaciones realizadas durante la instrucción, que incluían casi 4.000 folios de sumario.

El golpe de efecto se materializó en la siguiente sesión, el martes, cuando el tribunal rehusó la nulidad pero dictó la invalidación de prácticamente dos años de investigaciones. Consideró para ello que el plazo inicial para las mismas no fue prorrogado en su momento, tal como exige el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De este modo, el tribunal sólo validó las diligencias judiciales acordadas o llevadas a cabo entre el 28 de junio de 2019 y el 25 de marzo de 2020, periodo que incluye también los tres meses bajo secreto, entre septiembre y diciembre. De esta forma, se invalidaba el testimonio de tres testigos protegidas que se sumaron a la causa en diciembre de 2020 y que, al parecer, resultaban claves para sostener la acusación inicial de la Fiscalía.

Que fueran borrados de un plumazo esos dos años de diligencias, armaba a las defensas y debilitaba el relato del Ministerio Público. Sin embargo, al día siguiente de este auto, el miércoles, el fiscal mantuvo su escrito de calificación, al entender que los hechos no variaban y, en todo caso, las diligencias invalidadas solo «precisaban» más el relato del resto de las siete presuntas víctimas. Las defensas, en cambio, reclamaron que las acusaciones se limitaran a las diligencias validadas, por lo que hasta tres abogados solicitaron el sobreseimiento de las causas contra sus clientes.

La lógica a la que parecía abocar el defecto de forma durante la instrucción, acabó imponiéndose en la cuarta sesión, al cristalizarse el pacto con las defensas sin que ni siquiera hubieran declarado ni los acusados ni ninguna de las testigos protegidas, para las que se estableció a los procesados diversas órdenes de alejamiento, así como algunas compensaciones económicas.