El Gobierno evita otro choque con las centrales pero elevará los servicios mínimos

El portavoz del Ejecutivo aprovechó su comparecencia tras el Consejo de Gobierno para calificar el paro como «desproporcionado» y mostrar su «preocupación» por el enconamiento del conflicto. No fue más allá. Atrás quedan declaraciones mucho más contundentes. Como la de la semana pasada, cuando consideró una «irresponsabilidad» que los sindicatos plantearan «un otoño caliente sin sentarse a dialogar civilizadamente» con la patronal. O cuando la consejera de Educación sugirió en marzo que las centrales quieren beneficiar al sistema público alargando la protesta de la concertada. Cristina Uriarte evitó ayer pronunciarse pese a lo que se le viene encima.

El único representante del Gobierno que habló fue Josu Erkoreka. Y lo hizo para sugerir que la larga huelga anunciada puede bordear la legalidad. «Es posible que afecte al derecho fundamental de la educación porque no es lo mismo que se convoquen dos días de paros en semanas alternas que lo que se propone ahora a comienzo de un curso».

¿Qué significa eso? Que Lakua contempla aplicar unos elevados servicios mínimos para reducir el impacto de las protestas sindicales. Ya lo hizo en las huelgas convocadas anteriormente por las centrales de la concertada, y ahora podría ir a más. Realmente no es una decisión que el Ejecutivo pueda adoptar de forma unilateral, pero la voluntad es un primer paso considerable. Erkoreka deslizó ayer que la Administración «ponderará» la larga duración del paro y sus efectos a la hora de redactar el decreto que regulará los paros a partir del 7 de noviembre. «Hablamos de un mes entero sin recibir clases al inicio del curso y es evidente que eso puede incidir negativamente, por ejemplo, en quienes aspiran a entrar en la universidad», explicó el portavoz del Gabinete Urkullu.

Erkoreka también insistió en calificar el asunto como un mero «conflicto laboral» entre sindicatos y patronal y aseguró que el Gobierno solo puede ejercer de mediador si alguna de las partes se lo pide. Algo que, aseguran desde el Ejecutivo, no ha ocurrido de momento. Ambas puntualizaciones irritan sobremanera a los partidos que conforman la oposición, porque llevan meses acusando al Gabinete Urkullu por su «inacción» mientras la pugna se enquistaba. «Educación ha estado ausente, ha hecho dejación de funciones, se ha lavado las manos y no ha colaborado como debía», se lamentó ayer la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, tras defender la «incuestionable» legitimidad de que los sindicatos vayan a la huelga un mes.

A propuesta de la coalición independentista, el Parlamento vasco tomó partido en el conflicto hace apenas unos días al aprobar una iniciativa en la que reclama al Gobierno que medie. «Pero ni ellos ni la patronal han hecho nada», lamentó Íñigo Martínez (Elkarrekin Podemos), «y eso ha llevado a los sindicatos a tomar una medida muy dura», defendió. Para la popular Juana Bengoechea, Educación «está echando balones fuera cuando es responsable directo de lo que ocurra con esos alumnos», aunque también reclamó a los sindicatos que no alienten el conflicto. «Si fueron capaces de pactar nuevas condiciones en las ikastolas también pueden hacerlo en la red concertada», reclamó.

Bastante más críticos con las centrales se mostraron desde el PNV. «Compartimos la preocupación y el enfado de las familias», dijo la jeltzale Jone Berriozabal antes de pedir el cese de unos paros «abusivos» que generan un pulso «que no facilita el acercamiento de posturas». Al diálogo social «para que el alumnado no pierda un curso» apeló el socialista José Antonio Pastor. «No pueden ser rehenes de intereses que sean ajenos a su formación», exigió.