Erkoreka cifra en 300 los aspirantes «no aptos» que iniciarán el curso en Arkaute

El Departamento vasco de Seguridad no supo poner cifras a este problema el pasado martes e insistieron en la incertidumbre que plantea el auto judicial a la hora de interpretarlo. Es decir, no pudieron decir cuántos de los cerca de 1.400 aspirantes que quedan en liza (hay 751 plazas ampliables en juego) podrían verse afectados por esta decisión judicial, que literalmente habla de que se debe mantener en el proceso selectivo a los calificados como «no aptos» en esta última prueba. El sindicato pidió en marzo la supresión del carácter eliminatorio de esta prueba basándose en una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

En este contexto, Erkoreka advirtió ayer en una entrevista radiofónica del «coste importantísimo», tanto económico como organizativo, que provocará la medida cautelar adoptada por el titular del juzgado de lo Contencioso número 1 de Vitoria. Erkoreka confirmó la información publicada por EL CORREO e insistió en que esta resolución «incide sobre el proceso selectivo al decir que una de las pruebas que se ha hecho, en este caso la entrevista personal, podría no ser válida». Esto -apuntó- implica que de forma cautelar «las personas que no superen esa prueba deberían poder continuar con el proceso selectivo hasta que una sentencia final determine si la prueba es válida o no».

El consejero reconoció que se trata de un contratiempo que, según dijo, requerirá de «un esfuerzo organizativo e inversor importantísimo» para el Departamento vasco de Seguridad.

Erkoreka afirmó que «una medida» judicial de estas características en cualquier otro proceso selectivo igual «no plantearía problemas porque solo significaría que a la siguiente prueba se debería presentar un número mayor de aspirantes». El problema es que, en este caso, «al ser la última prueba del proceso de selección, esos aspirantes tienen que entrar en la academia de Arkaute e iniciar el curso de formación.

El consejero de Seguridad cifró «en torno a 300 las personas que pueden estar en esa situación». El problema -según fuentes jurídicas- es que la interpretación del auto judicial es muy diversa y podría darse el caso de que, después de este auto judicial, muchos excluidos en esta fase decidiesen recurrir a los tribunales.

En todo caso, más allá del número final de personas que tendrán que ser formadas en Arkaute sin saber qué pasará con ellas en un futuro, Erkoreka criticó el fondo del auto judicial. Incidió en que «300 personas más o menos en un curso que dura aproximadamente nueve meses, con el coste que eso representa (todos los alumnos cobran una nómina mensual), es una medida cautelar con un coste económico importantísimo». En este sentido, apuntó que habrá que esperar a ver cómo «se materializa y cuál es el número definitivo de afectados y, en función de eso, se tomará la decisión de cómo articular la medida cautelar».