El entorno de la mitad de las mujeres asesinadas era conocedor de la existencia de malos tratos

En principio, Redondo coincide con Marlaska en las bondades del sistema de protección Viogen, en el que ingresan todas las mujeres que denuncian, junto a los maltratadores, y en el que se basa la actuación policial de vigilancia para evitar agresiones de esta «violencia estructural», un concepto que ambos ministros han repetido varias veces como motivo principal de las agresiones machistas. «Le he presentado nuestro sistema de seguimiento integral, un modelo pionero en el mundo, para violencia estructural», se congratuló el ministro del Interior al rendir cuentas: más de 50.300 «mujeres amenazadas en protección» y 43.000 servidores públicos formados en su protección.

Sin embargo, trece de las asesinadas en 2023 tenían un expediente en Viogen, de los que cinco estaban activos y ocho habían sido desactivados. «Eso quiere decir que al momento del asesinato no tenían ninguna medida de protección porque se había archivado el caso, porque habían sido absueltos o condenados, o habían cumplido la pena. Pero no pasa a inactivo por esos simples hechos y tienen que darse unas circunstancias posteriores», justificó Marlaska.

Sin reconocer fallos explícitos en el sistema, el ministro sí prometió a Redondo proseguir en un «continuo avance» con la «implantación de protocolos de evaluación de riesgo más precisos, mecanismos de protección de riesgo a la vida de las mujeres y de la vulnerabilidad de los menores», lo que conducirá a la probable reapertura de casos que están actualmente archivados con las mujeres desamparadas. «Vamos a revisar los criterios de desactivación del sistema», aseguró. «Vamos a tomar medidas para mejorarlo».

Con un reciente periodo de concentración de asesinatos machistas, y otra reunión pendiente entre ministerios, fuerzas policiales y fiscalía para analizar los casos, Ana Redondo solicitó a Marlaska más protagonismo en el día a día de la protección, lo que ella llamó «mayor proactividad y colaboración» en la rueda de prensa posterior a la reunión entre ambos. «Hemos adoptado la medida de incorporarnos (el ministerio de Igualdad) a la mesa de seguimiento permanente para evaluar los casos de peligro», un cónclave mensual que se celebraba entre fuerzas policiales y otros involucrados en Viogen.

También anunció que pondrá en marcha una campaña para que «los entornos sean más proactivos en la denuncia», mantuvo. «Los datos dicen que ellas, además de vivir una situación terrible de terror diario, tengan la carga de denunciar. Los entornos lo conocen y pueden ayudar». Redondo se hace así eco de la tesis más reciente de Victoria Rosell, exdelegada de Gobierno para la violencia machista, después del último análisis de casos mortales, en el que señalaba la responsabilidad de familiares, amigos, compañeros de trabajo y personal sanitario y educativo.

Según los datos suministrados por Marlaska este año ha habido 42 mujeres asesinadas que no habían denunciado nunca. «En 22 de esos casos su entorno reconoció que era conocedor que había malos tratos en el ámbito de la pareja», aseguró.

La ministra, por su parte, afirmó que «tenemos un problema estructural, la violencia de género, y no es fácil erradicarla», tras una «reunión fructífera y necesaria». En esos minutos de la mañana de un jueves de puente en Madrid, «comprobamos la profesionalidad, conocimiento, grado de avance y nuevas medidas» aplicadas por Interior, dijo Redondo.

Otra medida anunciada por Igualdad es la de avanzar en el plan de instalar «centros de crisis 24 horas y 367 días del año», una acción para la que «las comunidades autónomas tienen que ser proactivas» y que cuenta con fondos europeos Next Generation. En esta comparecencia ante los medios, la ministra tiene prisa, solo permite dos preguntas que contesta reafirmando el problema «estructural» de la violencia de género. Tiene que coger un tren, dice su entorno.