Urkullu afirma que la viabilidad económica de la red concertada está «garantizada»

Urkullu ha respondido así a las críticas de la única diputada de Vox en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, durante el pleno de control. Martínez ha censurado la prohibición del cobro de cuotas, lo que supondría la «asfixia» económica de la red concertada y ha alertado de que el Ejecutivo quiere «publificar» estos centros.

El lehendakari, no obstante, ha advertido de que el fin de las cuotas no es una «prohibición» para los centros, sino un «control por parte de la Administración pública de lo que son los gastos relativos a la enseñanza básica». Y ha asegurado que los centros privados financiados con fondos públicos y el Gobierno tienen un «objetivo compartido, que es la mejora y la transformación del sistema educativo vasco».

El fin del cobro de cuotas es un tema recurrente en Educación. Pese a estar prohibidas desde hace 40 años, la realidad es que la mayoría de centros concertados las sigue cobrando para financiar la enseñanza básica. Argumentan que la Administración no aporta los fondos suficientes. La futura Ley de Educación, así como la Lomloe, contemplan su desaparición. Ikastolen Elkartea, una de las principales patronales, pide crear un grupo de trabajo específico para poder fijar un calendario y unos plazos para acabar con el cobro de las cuotas.

Por otro lado, el lehendakari se ha mostrado «confiado» en que «las interlocuciones directas de los grupos» políticos servirán para que la Ley educativa, actualmente en tramitación, concite el máximo consenso posible. Así lo ha afirmado ante las críticas del portavoz del PP en la Cámara autonómica, Carlos Iturgaiz, que ha censurado que el proyecto de ley es una «pesadilla» que se ha encontrado con el rechazo de Elkarrekin Podemos-IU, firmante del histórico pacto educativo de abril de 2022; del PSE, que muestra recelos en torno al modelo lingüístico; y de la mayoría de sindicatos excepto LAB.

Hoy por hoy, el proyecto normativo sólo cuenta con el respaldo del PNV y EH Bildu. Ambos tendrían mayoría suficiente para aprobar la norma pero el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmó, en una entrevista en EL CORREO, que «no contempla» sacarla adelante sin el PSE.

Por último, Urkullu también se ha referido a la reciente decisión del sindicato Steilas y Ehige, la federación de Ampas de la red pública, de judicializar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el decreto de planificación. A su juicio, la normativa «iguala» la titularidad pública y privada de los colegios, lo que «contraviene» la legalidad.

El lehendakari ha defendido que el decreto «se ajusta» a la ley y se enmarca tanto en el pacto educativo como en la Lomloe, documentos ambos refrendados por Elkarrekin Podemos-IU, que es quien ha interpelado a Urkullu por esta cuestión en el pleno de control. Su portavoz, Miren Gorrotxategi, ha criticado que el decreto de planificación habla de garantizar «plazas sostenidas con fondos públicos» suficientes, mientras que los decretos curriculares aprobados esta semana contemplan la garantía de «plazas públicas» para el alumnado. «No es lo mismo», ha censurado.