Uriarte replica al Supremo que el sistema vasco de becas «no menoscaba» la igualdad educativa

El alto tribunal considera que la regulación del sistema de ayudas debe hacerse garantizando la igualdad en su obtención en toda España y estima que el hecho de que Euskadi fije su propio baremo genera un «sistema paralelo al del Estado», que genera «importantes desigualdades» en el acceso a la educación por razón del territorio. Pero Cristina Uriarte es de otra opinión. Cree que el sistema de becas vasco «no menoscaba» la igualdad educativa ni favorece a los estudiantes que tienen la fortuna de residir en una comunidad autónoma, la vasca, con mayor disponibilidad financiera que otras. «Nosotros tenemos la competencia de Educación desde hace más de treinta años y desde luego, son sistemas distintos. El vasco no necesariamente coincide con el español. Son dos sistemas con sus peculiaridades y cada uno tiene que dar respuesta al suyo», señalaba ayer, tras intervenir en una jornada de trabajo con diferentes agentes educativos. Según avanzó la titular de Educación, «en estos momentos estamos analizando las consecuencias que puede tener la sentencia» en aras a dotar «de la mayor estabilidad posible a todas las ayudas que convoquemos». «Tenemos que intentar garantizar la mayor seguridad para los estudiantes que puedan acceder y continuar sus estudios aquí».

El asunto de las becas tiene su recorrido. Desde 1989, cuando se transfirieron las competencias educativas al País Vasco, esta comunidad es la única que ha diseñado y autofinanciado su sistema de becas. La llamada 'Ley Wert' del PP, en 2013, vino acompañada de un nuevo decreto de ayudas y el Gobierno de Mariano Rajoy decidió denunciar a esa autonomía por no cumplir con la nueva normativa. Es lo que ha determinado ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, en una sentencia en la que confirma el fallo del Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que en 2016, y tras un recurso del Gobierno central, decidió anular varios artículos de la orden de Gobierno autonómico que regulaba las becas del curso 2014-2015 para estudiantes no universitarios.

Estos fijaban, entre otros aspectos, los umbrales de renta necesarios para obtener ayudas, superiores a los establecidos por el Ejecutivo de Madrid. El vasco interpuso recurso de casación en el Supremo, argumentando que la financiación de las becas con cargo a sus presupuestos no interferían en la financiación estatal y también aduciendo que la legislación básica española en esta materia solo opera en ayudas de este tipo cuando se financian con cargo a los Presupuestos Generales.

Precisamente, la última sentencia del Tribunal Supremo incluye un voto particular de dos magistrados (de los siete que conforman la Sala), quienes consideran que las comunidades autónomas con competencias plenas en materia de enseñanza tienen «capacidad normativa para desarrollar la regulación estatal y establecer» con cargo a sus «propios presupuestos un sistema adicional o complementario de becas y ayudas al del Estado». Ambos jueces apuestan por una interpretación «menos rigorista» del fallo y mantienen que se «debe permitir a las comunidades autónomas concretar, desarrollar o complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas públicas».