Los sindicatos de la UPV convocan dos días de huelga en marzo

Los trabajadores se han concentrado este jueves en el campus de Álava. Sostienen que las reivindicaciones que les llevaron a la huelga durante el primer cuatrimestre académico siguen sin resolverse. A grandes rasgos, sus exigencias son «acabar con la precarización del profesorado sustituto, recuperar el poder adquisitivo de todo el personal, reducir la carga docente y laboral, y, en general, aumentar la financiación de la Universidad». Aseguran que la UPV tiene «problemas estructurales» y que «la precarización de las condiciones laborales de algunos colectivos del personal es cada vez más grave, siendo la falta de financiación un problema de raíz».

Según detallan en un comunicado, «los pasos dados por el Rectorado y el Gobierno vasco han sido muy escasos» en este tiempo. En las últimas semanas se han celebrado dos reuniones de la mesa negociadora «pero el Rectorado se ha mostrado totalmente cerrado a las propuestas presentadas por los sindicatos», denuncian los trabajadores.

Uno de los detonantes de la dinámica de movilizaciones durante este curso ha sido la «precarización» a la que, denuncian, la nueva Ley de Universidades (LOSU) somete a los profesores sustitutos. Los sindicatos aseguran que la UPV hace una «interpretación sesgada» de la normativa por la cual las sustituciones del personal docente investigador a tiempo completo son a tiempo parcial. Esto provoca que estos profesores cuenten con un salario que la plataforma de afectados sitúa en unos 800 euros mensuales. Según sus cálculos, hay unos 650 docentes afectados, aproximadamente el 10% del total.

Por su parte, la UPV defiende que se limita a cumplir con la legalidad. La LOSU «impide contratar a tiempo completo a profesorado sustituto, dado que prohíbe que este tipo de profesorado desempeñe tareas investigadoras y de gestión», afirmó en un comunicado que se hizo público a comienzos del año académico. La institución «propuso a grupos parlamentarios una enmienda para posibilitar contrataciones a jornada completa en el caso de sustituciones de personal de duración superior a un año», pero «sin éxito». Además, sostiene que los contratos de sustitución vigentes a la entrada en vigor de la LOSU se mantienen «en las mismas condiciones». «La universidad ha evitado y seguirá evitando contratar a personal sustituto a tiempo parcial siempre que sea posible», zanja el texto.

En cuanto a la falta de financiación, es un punto en el que coincide la propia universidad. La LOSU contempla un aumento paulatino de las partidas públicas destinadas a las instituciones académicas hasta llegar al 1% del PIB en 2030. La rectora, Eva Ferreira, ha denunciado en numerosas ocasiones la falta de concreción a la hora de elaborar una hoja de ruta que posibilite este escenario. Es una queja que también ha emitido la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.