Los sindicatos de la enseñanza concertada convocan diez días más de huelga en enero y febrero

La convocatoria se enmarca en el conflicto para actualizar el convenio que rige las condiciones laborales de 9.000 trabajadores de unos 200 colegios en los que estudian 130.000 alumnos. El convenio lleva caducado desde diciembre de 2021. Las centrales sindicales acusan a las dos patronales implicadas, Kristau Eskola y Aice-Izea, de no realizar ninguna propuesta de contenidos, mientras las empresas cargan contra los trabajadores por no tener una actitud «propositiva de diálogo» y mantener una postura «infranqueable» en la negociación.

Los trabajadores exigen medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más feminizados y precarizados, subidas salariales que garanticen el IPC, blindar los puestos de trabajo en un contexto de caída de la natalidad y mejoras para la Formación Profesional. Los planes de euskera, los planes de igualdad y los planes de abordaje de la salud laboral y especialmente de los riesgos psicosociales también están en el punto de mira de los sindicatos.

Entre mayo de 2022 y febrero de 2023 tuvieron lugar trece mesas de negociación entre las partes sin que fuera posible alcanzar un acuerdo. Entonces se convocó un primer día de huelga en abril. Con la llegada del nuevo curso, el conflicto se enconó y se sucedieron las jornadas de paros. Primero fueron tres días en octubre, tras los cuales, el pasado 27 de noviembre, tuvo lugar una nueva reunión entre patronales y sindicatos sin que se registraran avances. Ante esta situación, se convocaron cinco días consecutivos de huelga en diciembre. Desde entonces no ha habido contactos, algo que los trabajadores califican de «inaceptable falta de responsabilidad» por parte de las empresas.

Los sindicatos exigen al Departamento de Educación que se implique y haga de mediador entre las partes, ya que «no es un agente cualquiera y tiene mucho que decir sobre las condiciones laborales de este personal». Educación establece, por ejemplo, la ratio de profesores por aula y las tablas de pago delegado (de donde cobra la mayoría del profesorado). También se ha comprometido con la gratuidad total de la concertada en la nueva ley. La consejería que lidera Jokin Bildarratz se citó con los trabajadores el 5 de diciembre para abordar el la cuestión pero, de nuevo, no se alcanzó ningún acuerdo. El consejero ha dicho en diversas ocasiones que «hay un ámbito muy pequeño» para que el departamento «pueda participar» y mediar en la negociación.

El conflicto sigue, de esta manera, los pasos del anterior. En 2019, patronales y sindicatos renovaron un convenio que llevaba una década caducado. El acuerdo llegó tras 29 jornadas de huelga a lo largo de tres años e hizo falta la mediación del Gobierno vasco.

La nueva convocatoria de huelga llega en un momento crucial para los colegios. A finales del mes que viene se abre el proceso de matriculación para el próximo curso. En un contexto de baja natalidad, atraer nuevos alumnos es vital para garantizar la viabilidad a medio plazo de los centros. Precisamente este punto es el único en el que, aparentemente, las dos partes enfrentadas están de acuerdo. En un comunicado, Kristau Eskola reconocía la importancia de blindar los puestos de trabajo y garantizar la «sostenibilidad» de los colegios.

Los centros escolares ya están notando el impacto de la caída de la natalidad. Un estudio del Departamento de Educación prevé el cierre de 4.200 aulas a lo largo de la próxima década por la pérdida de más de 65.000 estudiantes. Un escenario que algunos consideran una oportunidad para mejorar la atención a los alumnos si se mantienen los actuales puestos de trabajo, pero que plantea serias incógnitas.