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Los paros consecutivos en los colegios concertados cumplieron ayer una semana sin que se produjera avance alguno en la negociación. Patronal y sindicatos no tenían previsto reunirse, no había nuevas ofertas laborales encima de la mesa por parte de los responsables de la red ... y el Gobierno vasco tampoco movió ficha. Los sindicatos advirtieron de nuevo de que si no hay una propuesta que responda a sus reclamaciones laborales «las movilizaciones continuarán» este curso. Aseguraron que los trabajadores de los centros «son conscientes» de que «la pelea y la reivindicación puede ser que requieran de un conflicto largo y duro» y que hasta ahora están respondiendo con su «apoyo masivo a las reivindicaciones y movilizaciones».
Los datos del respaldo del paro de ayer fueron de nuevo dispares: un 22% de las plantillas, según los datos recogidos por los responsables de los colegios católicos, Kristau Eskola; y un 60% para los sindicatos. El acto central de la protesta fue una manifestación en Vitoria en la que participaron más de 2.000 profesores y otros trabajadores de los 215 colegios afectados.
El viernes concluye la tanda de ocho huelgas consecutivas, que se suman a las seis que ya se habían registrado este curso en los centros concertados, y que han alterado la vida académica de 120.000 alumnos. Las centrales plantearán nuevas movilizaciones si no les llega una propuesta laboral «con contenidos reales» por parte de la patronal, reiteraron ayer sus portavoces. Podrían, incluso, convertir la huelga en indefinida como ya han advertido en varias ocasiones.
Los sindicatos ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT solicitaron ayer la implicación del Gobierno vasco en la resolución del conflicto, como el día anterior hizo la patronal mayoritaria, Kristau Eskola, y el domingo pasado, las familias en una multitudinaria manifestación. La portavoz de ELA, Miren Zubizarreta, resaltó que son las patronales las que «tienen que dar soluciones y respuestas» a las reivindicaciones que han puesto encima de la mesa los trabajadores, pero aclaró que el Ejecutivo de Urkullu «también tiene responsabilidad». «Es al final el que ha decidido que el sistema educativo vasco esté organizado en dos redes, y ha dado a la concertada una función de subcontrata barata», recalcó.
Las centrales hicieron alusión a la propuesta de Kristau Eskola de que el Ejecutivo convoque una mesa de trabajo integrada por todas las partes. «El Departamento de Educación no se puede desentender de las condiciones en las que se trabaja» y de la «calidad» de la enseñanza en ese sector, dijeron, por lo que debe tener «un papel importante e implicarse en la resolución del conflicto». «Y ver si las patronales tienen recursos para atender a las reivindicaciones de los trabajadores y si, como dicen, no tienen margen deberá tomar cartas en el asunto», reclamaron.
EH Bildu incidió en esta misma demanda. Presentó ayer una proposición no de ley para que el Parlamento vasco exija oficialmente Educación que «medie en el conflicto laboral abierto en la escuela concertada» y «promueva una salida acordada» entre patronal y sindicatos. Para la coalición abertzale «el Gobierno tiene una responsabilidad evidente en la resolución del problema y no puede mirar a otro lado porque también los colegios de esa red se financian con dinero público», señaló la parlamentaria Rebeka Ubera.
El Ejecutivo vasco volvió a justificar ayer su postura de que Educación no debe intervenir en este grave enfrentamiento en la enseñanza concertada. Lo hizo a través de su portavoz, Josu Erkoreka, quien remarcó que se trata de un conflicto «estrictamente laboral», que afecta a la negociación de las condiciones de trabajo de las plantillas y que, por lo tanto, «la mediación no corresponde a Educación sino al Departamento de Trabajo», que cuenta con servicios de «arbitraje y conciliación» para las empresas en conflicto por sus convenios.
Entre las asociaciones de padres de alumnos de los colegios afectados por los paros crece la preocupación. Se muestran muy críticos con que no se estén produciendo contactos entre patronal y sindicatos. «Que no se haya llegado a un acuerdo ni se produzcan avances deslegitima a los interlocutores», señaló Aitor Mujika, presidente de la Federación de familias Bidelagun (los centros Diocesanos). La amenaza de que las movilizaciones se intensifiquen empieza a encender los ánimos. «Hasta ahora la federación ha sido cauta a la hora de convocar protestas, porque consideramos que nuestra función es templar no crispar y reconocemos el derecho de los trabajadores a hacer paros», añade. Pero la huelga indefinida cambiaría el escenario. «Si llega ese momento, entonces sacaremos a la gente a la calle y nos movilizaremos. ¡Somos 350.000 personas afectadas!», recuerdan.
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