Los sindicatos de la concertada llevan a la patronal a los tribunales para exigir la subida salarial

En aquel documento se recogía un aumento salarial del 16% para el periodo 2021-2024. Eso implicaba incrementos en el sueldo con carácter retroactivo y debían abonarse entre marzo y diciembre de este año. Sin embargo, la subida correspondiente a este año debía entrar en vigor con la firma del acuerdo, en marzo o abril a más tardar. Los sindicatos aseguran que, en las sucesivas reuniones que han tenido lugar en las últimas semanas, las patronales vinculan ese aumento a una mayor financiación por parte del Gobierno vasco.

En realidad, es algo de lo que Kristau Eskola ya advirtió por activa y por pasiva en los meses que duró el conflicto. Si el Gobierno no destinaba más dinero a los centros concertados, éstos no podrían asumir las subidas salariales. Sin embargo, lo cierto es que esa vinculación entre sueldos y financiación pública no está recogido en el acuerdo de fin de huelga. Por ello, los trabajadores han decidido querellarse y presentar una demanda «de conflicto colectivo» ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para exigir el pago actualizado.

El documento firmado en febrero contenía otros puntos. Entre ellos, la reducción de las jornadas laborales de los docentes y la aplicación de la compensación de la jornada irregular en Formación Profesional. En su nota, los sindicatos reconocen que la patronal «ha empezado a aplicar» estas mejoras aunque «no de manera pactada con los sindicatos».

ELA, Steilas y CC OO, que representan a más del 90% de los trabajadores del sector, aseguran que activarán «a partir de septiembre» los «instrumentos necesarios para hacer cumplir cada uno de los contenidos del acuerdo», y no descartan retomar las movilizaciones o acudir de nuevo a los tribunales «una vez llegue el plazo para el cumplimiento de cada materia».

Kristau Eskola y Aice-Izea agrupan a algo menos de 200 centros educativos en Euskadi en los que estudian unos 130.000 alumnos y trabajan 9.000 profesionales. Se trata de todos los colegios religiosos, así como un buen número de cooperativas. Las ikastolas pertenecientes a la red de Ikastolen Elkartea están fuera del conflicto al tener su propio convenio.