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Euskadi es, tras Cataluña, la comunidad autónoma con mayores índices de segregación escolar. Sin embargo, esta realidad no está provocada, al menos no exclusivamente, ... por la dualidad entre las redes pública y concertada. «No parece que sea la principal razón», analiza Alfonso Echezarra, especialista en equidad educativa de Save the Children.
Es una de las tesis que expone el informe 'Por una escuela concertada inclusiva', publicado este miércoles por la oenegé. Si se ordenan las comunidades autónomas en función de la brecha socioeconómica entre la pública y la concertada, Euskadi aparece como el quinto territorio por la cola, por debajo de la media del país.
La razón principal es que en ningún otro lado de España la concertada es tan extensa como en el País Vasco, donde matricula a casi la mitad del alumnado. Y eso implica que dentro de la propia red existe una enorme escala de grises entre los centros considerados de élite, donde apenas hay vulnerabilidad, y los que se denominan de alta complejidad. Algo similar sucedería en los colegios e institutos públicos. Aun así, la segregación escolar en Euskadi es «elevada», zanja el informe.
«El perfil del alumnado en cada centro es muy diverso, también entre las cooperativas, que a menudo son ikastolas, y muchos colegios religiosos», analiza Echezarra. La situación no es exclusiva del País Vasco, sino que también sucede en Países Bajos o Reino Unido.
En cualquier caso, la oenegé señala el cobro de cuotas como la principal razón que impide a las familias más vulnerables acceder a determinados centros. Hay que tener en cuenta que el coste de este peaje, en teoría prohibido desde hace 40 años, va desde los 15 euros mensuales hasta los 250 o más.
En opinión de Echezarra, «financiar la escuela concertada a un nivel parecido a la pública» contribuiría a una mayor equidad. «Y la Administración debería entonces acabar con su dejadez de funciones y controlar de verdad que no se cobran cuotas y que el servicio es gratuito», añade.
El experto asume que una decisión de estas características «generaría rechazo y polémica». Por eso cree que calcular cuánto cuesta una plaza escolar es un paso previo crucial para poder ajustar la financiación. Se trata de un eterno compromiso que también contempla el pacto de gobierno PNV-PSE, pero que hasta ahora no se ha llevado a cabo. El Gobierno vasco invierte unos 9.900 euros por alumno de la escuela pública por 4.300 de uno de la concertada.
Mientras tanto, Echezarra propone adoptar medidas para ayudar a los centros a gestionar la vulnerabilidad. Pone como ejemplo el programa 'mochilas escolares' de Cataluña, que consiste en entregar casi mil euros anuales a los centros concertados por cada alumno vulnerable, ya que, en general, es la pública la que cuenta con más recursos para atender a este alumnado. En Euskadi lo que existen son subvenciones a centros de alta complejidad. Este año fueron 17 los que la recibieron: 16 católicos y una ikastola.
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, aseguró este martes que el cobro de cuotas en los colegios concertados desaparecerá «esta legislatura». «La ley se tiene que cumplir», afirmó, en una entrevista en EiTB. La dirigente explicó que el departamento «está recibiendo» los datos aportados por los centros concertados relativos a las cuotas para «tratarlos» y activar, de esta manera, el proceso de auditoría y control necesarios para garantizar la gratuidad de la enseñanza, algo teóricamente obligatorio por ley desde hace 40 años.
En los últimos años, recordó Pedrosa, la consejería ha aumentado el módulo de financiación por cada aula concertada para que los centros vayan, progresivamente, disminuyendo la cuantía de las cuotas. Sin embargo, las patronales aseguran que el dinero aún no es suficiente para garantizar la gratuidad real.
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