Sólo con protección

El desarrollo tecnológico puede permitir una mejor protección de los menores en el manejo de estos dispositivos. Para ello es necesario incentivar la utilización de las aplicaciones que permiten el control de su uso de manera fácil y sencilla desde el momento mismo de su adquisición. Si en los vehículos cada vez hay más mecanismos obligatorios que atienden a la seguridad de sus usuarios y del resto de personas, ¿por qué no en estos dispositivos de comunicación, cuando sabemos de los riesgos en su uso?

Una vez dentro del recinto escolar, incrementar el espacio seguro alrededor del menor implica que todos los dispositivos digitales de comunicación estén vinculados exclusivamente a su uso didáctico, incluidos los personales del estudiante. Esto es, teléfonos móviles, tabletas o los llamados relojes inteligentes debieran estar apagados desde la entrada hasta la salida del recinto escolar, y solo ser utilizados en el marco de una actividad guiada por el personal docente. Lo contrario supone un riesgo indebido para el centro, para el alumno y para sus compañeros. Y esta decisión corresponde claramente a la Administración Educativa. No cabe aquí limitarse a compartir la preocupación, sino ejercer el liderazgo que le corresponde con una norma general, y soportar las quejas que se puedan producir, y que siempre carecerán de fundamento suficiente. Porque mientras permanece en el centro escolar, ningún estudiante necesita un canal propio de comunicación.

Pero la configuración de la escuela como espacio seguro para el menor no acaba con el control de los dispositivos digitales interactivos. El centro educativo es un ámbito organizado de formación, y por ello un lugar para el aprendizaje correcto de su uso. Así lo establece el Decreto 77/2023 que fija el currículo y que plantea abordar desde Educación Primaria (donde ya detectamos el riesgo) y a lo largo de toda la Educación Básica, la utilización segura y adecuada, crítica y responsable, de estas tecnologías. Una alfabetización digital que incluye la educación mediática, la seguridad y ciberseguridad, así como otros aspectos relacionados con la ciudadanía digital, el respeto a la privacidad o la propiedad intelectual. Una imprescindible protección activa de la seguridad y la salud de los menores.